El Poder Ejecutivo envió este jueves al Congreso el proyecto de "Ley Hojarasca", una iniciativa que propone la derogación de cerca de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con la Constitución. 

Impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la propuesta busca simplificar el entramado legal, reducir burocracia y eliminar regulaciones que, según el Gobierno, restringen actividades y derechos.

El texto retoma los fundamentos presentados en octubre de 2024, cuando el proyecto tuvo su primer ingreso parlamentario, pero perdió estado sin ser tratado. En esta nueva presentación, el Ejecutivo insiste en la necesidad de depurar el sistema normativo, tras relevar legislación dictada desde 1864 hasta la actualidad.

De acuerdo con la iniciativa, el análisis abarca más de 80 leyes, decretos y artículos, organizados en seis categorías que justifican su derogación o modificación. El argumento central es que la acumulación de normas en desuso genera costos adicionales tanto para ciudadanos como para empresas, además de habilitar -en algunos casos- restricciones a libertades o privilegios sectoriales.

Entre los principales ejes del proyecto se destaca la eliminación de normas que ya fueron derogadas de hecho o reemplazadas por legislación más moderna. En esa línea aparecen ejemplos como la antigua ley de vacunación contra la viruela o regulaciones vinculadas a seguros agrícolas que quedaron fuera de contexto.

También se plantea la supresión de leyes afectadas por cambios tecnológicos o sociales, como aquellas que regulaban la microfilmación de documentos en las Fuerzas Armadas o las primeras autorizaciones para la televisión a color. 

El Ejecutivo propone avanzar sobre disposiciones que considera contrarias a principios constitucionales, que incluyen normas que penalizan la promoción de sanciones contra el país o habilitan controles estatales sobre reuniones privadas.

Otro bloque apunta a revisar normas que generan cargas administrativas o sostienen organismos sin funcionamiento efectivo. En ese grupo se incluyen requisitos burocráticos considerados innecesarios, así como estructuras estatales que, en la práctica, dejaron de operar.

El proyecto también contempla la eliminación de disposiciones vinculadas a organismos ya disueltos o procesos extinguidos, junto con la quita de financiamiento estatal a entidades sectoriales, que deberán sostenerse con recursos propios.

Para ilustrar el alcance de la propuesta, el texto oficial menciona casos puntuales. Entre ellos, la derogación de regulaciones sobre premios en salas de cine cuyo costo operativo supera el beneficio, y normas que aún prevén sanciones o prácticas sin aplicación real.

Se incluyen disposiciones consideradas anacrónicas, como la exigencia de un carnet para viajar como mochilero, permisos especiales de circulación para legisladores o regulaciones sobre contenidos en medios de comunicación.