Diputados y senadores de los principales bloques opositores reclamaron formalmente a las autoridades del Congreso la reapertura urgente de la paritaria para el personal legislativo. A través de un proyecto de resolución, exigieron a Martín Menem y Victoria Villarruel que habiliten una nueva negociación salarial para los trabajadores del Parlamento, cuyo poder adquisitivo se deterioró desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El planteo no incluye a las dietas de diputados y senadores, que permanecen desvinculadas de la paritaria legislativa. En cambio, los salarios del Senado volvieron a indexarse el 31 de marzo, situación que llevó a que los senadores pasaran a cobrar $8,9 millones en bruto, más del doble que sus pares de Diputados.

La iniciativa legislativa, firmada por referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Frente de Izquierda, Democracia para Siempre e Innovación Federal, insta a Menem a “avenirse a la reapertura de la paritaria requerida públicamente por la Asociación del Personal Legislativo y a realizar todos los esfuerzos dirigidos a llegar a acuerdos para que los trabajadores legislativos recuperen el nivel salarial que les permita, junto a sus respectivos grupos familiares, recobrar un ingreso mensual cuyo poder adquisitivo les garantice una vida digna”.

En simultáneo, senadores como José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Antonio Rodas presentaron a Villarruel una nota con los mismos términos. En los fundamentos del proyecto, los legisladores advirtieron que, durante el gobierno de Milei, la inflación acumulada alcanzó el 196,48%, mientras que el aumento otorgado al personal legislativo fue del 77,97%.

Desde la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio que encabeza Norberto Di Próspero, ratificaron la necesidad de retomar la discusión salarial. En un comunicado, señalaron: “Con un 1,5% en enero, un 1,2% en febrero y una proyección para marzo, abril y mayo basada en la paritaria acordada en la administración pública nacional que fijó en un 1,3%, ni sumando todos los aumentos previstos hasta el mes de mayo recuperaremos lo perdido hasta marzo”.

El texto añade: “Desde la asunción del gobierno actual, la sociedad en general sufrió una inflación del 196,48%, mientras que en el ámbito legislativo solo obtuvimos aumentos de un 77,97%, una inaceptable pérdida de poder adquisitivo que nos deja al borde de la línea de pobreza, dado que un trabajador de categoría 7 no cubre con su salario la Canasta básica del INDEC”.

Los firmantes del proyecto manifestaron su preocupación por lo que consideran un intento del Poder Ejecutivo de condicionar la política salarial del Congreso: “Los parámetros previstos por otros poderes del Estado para las paritarias en el marco de sus respectivos ámbitos no pueden condicionar a este Poder Legislativo Nacional –y éste no puede considerarse condicionado por aquellos– sin grave violación al principio de división y separación de poderes inherentes al sistema republicano de gobierno que fija nuestra Constitución Nacional”.

Además, recordaron a Menem que la presidencia de la Cámara “no le permite arrogarse facultad alguna para clausurar el diálogo con la entidad que representa el interés de los trabajadores y trabajadoras y afectar peyorativamente las condiciones de vida de los éstos y éstas”.

En el mismo sentido, los diputados señalaron: “No podemos permanecer indiferentes frente a la situación de pérdida de poder adquisitivo –y por ende de calidad de vida– que están padeciendo las trabajadoras y trabajadores legislativos”.

La tensión salarial se da en un contexto de ajuste presupuestario. En diciembre, Menem anunció en redes sociales que la Cámara de Diputados devolvería $7.000 millones al Ministerio de Economía por el recorte de gastos. A pesar de que las dietas están “desenganchadas”, en el mismo mes se aplicó un aumento del 6,13%, lo que elevó los sueldos netos de los diputados a $4 millones.

El conflicto por los sueldos en el Congreso vuelve a poner en escena la puja por la autonomía del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, y exhibe el malestar creciente dentro del personal legislativo por los efectos del ajuste.