La decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, de adherirse al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto dentro de la Ley de Inocencia Fiscal abrió una nueva polémica política y generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para excluir de ese régimen a funcionarios públicos, magistrados, legisladores y autoridades universitarias, además de sus cónyuges y convivientes. 

La iniciativa busca modificar el artículo 38 de la Ley 27.799 con el objetivo de impedir que quienes ocupan cargos públicos puedan acogerse a los beneficios contemplados en la normativa.

Un proyecto para excluir a funcionarios y familiares

La propuesta alcanza al presidente y vicepresidente de la Nación, gobernadores, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, ministros, secretarios, subsecretarios, jueces, fiscales, rectores y decanos universitarios, entre otros cargos.

También incorpora una restricción para familiares directos y convivientes de esos funcionarios.

"Un límite a la avivada de los Adornis. Que se termine la joda libertaria. El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública", sostuvo Paulón en sus redes sociales.

La presentación se produjo luego de que trascendiera que Adorni y Angeletti solicitaron formalmente ingresar al régimen simplificado administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Acusaciones y cuestionamientos opositores

Desde distintos espacios opositores se multiplicaron las críticas.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que la ley "está hecha a medida de personas con poder" y vinculó la normativa con beneficios judiciales otorgados en causas por evasión fiscal.

Por su parte, el senador y dirigente radical Martín Lousteau sostuvo que la medida representa "un blanqueo a medida de los más ricos" y cuestionó que el régimen permita regularizar patrimonios sin profundizar sobre el origen de los fondos.

En la misma línea, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, reclamó una mayor transparencia patrimonial por parte del jefe de Gabinete.

"La honestidad no se pregona, se demuestra. Si no tenés nada para esconder, presentá la declaración jurada", afirmó.

El diputado radical Pablo Juliano también cuestionó la adhesión de funcionarios al esquema y aseguró que otros integrantes del Gobierno avanzan en el mismo sentido.

El foco puesto en el origen de los fondos

Una de las críticas más duras llegó de la extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, quien puso el foco en el crecimiento patrimonial del funcionario.

"El caso Adorni no es un problema de evasión fiscal. La pregunta es de dónde viene ese dinero si el único cambio relevante en su vida es que hoy trabaja en el Estado", planteó.

En tanto, el diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta sostuvo que "la inocencia fiscal del Gobierno no resuelve la inocencia penal de Adorni" y reclamó explicaciones claras sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La defensa del Gobierno

Desde la Jefatura de Gabinete aclararon que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias no implica ingresar a ningún blanqueo de capitales.

Adorni explicó que el mecanismo únicamente simplifica la presentación de declaraciones juradas, ya que ARCA confecciona una declaración precargada que luego el contribuyente revisa y confirma.

"Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen simplificado de Ganancias", afirmó el funcionario.

El debate suma tensión política en momentos en que el Gobierno impulsa la implementación plena de la Ley de Inocencia Fiscal, una de las herramientas tributarias más cuestionadas por la oposición desde su aprobación.