El Gobierno resolvió volver a impulsar la reforma del régimen penal juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias. La apuesta es reinstalar el proyecto -que perdió estado parlamentario y deberá ser presentado nuevamente- que redefine la edad de imputabilidad y el esquema de penas, límites y garantías para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El texto que La Libertad Avanza pretende reactivar es el que no llegó al recinto en 2025. Esa versión proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un régimen penal específico para menores.

Edad de imputabilidad: del consenso a la marcha atrás

Durante la negociación legislativa previa, el oficialismo aceptó elevar transitoriamente el piso de imputabilidad a 14 años por falta de consenso. Con el nuevo escenario parlamentario, ahora busca retomar su propuesta original de 13 años.

En el dictamen de 2025, el umbral de 14 años había reunido apoyos de sectores aliados y de legisladores del Frente Renovador, mientras que la alternativa de 13 no logró respaldo suficiente.

Pena máxima y alcance de las condenas

En su redacción original, el proyecto fijaba una pena máxima de hasta 20 años de prisión para menores condenados y establecía la prohibición expresa de la reclusión perpetua.

En el dictamen de consenso que obtuvo estado parlamentario en 2025, se había establecido un tope inferior: la pena máxima se redujo a 15 años, uno de los puntos en los que el oficialismo cedió durante la negociación legislativa. Con la nueva estrategia, LLA evalúa volver al esquema inicial.

Prisión efectiva y principio de última ratio

En el dictamen de consenso que obtuvo estado parlamentario en 2025, se incorporaron criterios más restrictivos para la prisión efectiva. La privación de la libertad quedaba habilitada solo cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más, con un máximo de 15, y se promovían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios o hechos de violencia grave.

Ese diseño retomaba el principio de última ratio, al concebir la prisión como un recurso excepcional frente a otras medidas penales y socioeducativas.

Garantías procesales y estándares de detención

El proyecto también incluía garantías procesales reforzadas y estándares específicos para la detención de menores. Entre los puntos centrales figuraban el alojamiento separado de adultos, la implementación de módulos diferenciados y el acceso garantizado a educación, salud y actividades formativas durante el cumplimiento de las sanciones.

Además, el texto reafirmaba la necesidad de medidas socioeducativas complementarias y de un sistema orientado a la reinserción, con criterios diferenciados respecto del régimen penal de adultos.

Un rediseño penal en discusión

La discusión se reabre con un mapa parlamentario distinto, en el que La Libertad Avanza considera que cuenta con mayor margen para insistir con su versión original. La negociación volverá a concentrarse en cuatro ejes: edad de imputabilidad, penas máximas, condiciones de prisión efectiva y garantías procesales.

El proyecto vuelve al centro de la agenda legislativa en un contexto de alta sensibilidad pública y con un oficialismo decidido a reinstalar su planteo inicial en materia de penal juvenil.