La reforma del Régimen Penal Juvenil volvió a tensar el escenario legislativo. El dictamen de mayoría, impulsado por el oficialismo, propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fijar penas de hasta 15 años de prisión. Del otro lado, distintos bloques de la oposición rechazan la inciativa y cuestionan el enfoque punitivo y plantean un esquema basado en la "última ratio", la culpabilidad disminuida y un fondo federal obligatorio para infraestructura.

El oficialismo argumenta que la iniciativa apunta a fortalecer la responsabilidad legal de los adolescentes y responder a demandas de seguridad pública. Sin embargo, los dictámenes de minoría sostienen que la incidencia real de menores de 16 años en el total de causas representan apenas el 0,1%. Además, señalan que la criminalidad juvenil en general se ubica entre el 2% y el 4% del total de expedientes.

El perfil de los delitos también forma parte del debate. En la Ciudad de Buenos Aires, el 81,4% de los hechos atribuidos a menores corresponde a delitos contra la propiedad, principalmente robos, y no a delitos violentos contra la vida. A esto se suma otro dato que la oposición subraya: los hechos graves cometidos por jóvenes muestran una tendencia descendente, en contraste con el discurso que advierte sobre un crecimiento sostenido.

Qué es el principio de "última ratio", la contrapropuesta de la oposición al Régimen Penal Juvenil

Uno de los ejes centrales de las propuestas opositoras es el principio de "última ratio": la privación de la libertad debe ser excepcional y por el menor tiempo posible, y priorizar medidas socioeducativas y restaurativas. En caso de condena, plantean aplicar el criterio de "culpabilidad disminuida", con reducciones significativas en las escalas penales -suprimir el mínimo y reducir el máximo a un tercio- en función de la inmadurez emocional y la autonomía limitada de los adolescentes.

En ese punto citan fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce un "dato óntico", que dice que los adolescentes no poseen el mismo grado de madurez que un adulto, por lo que el reproche penal debe ser necesariamente inferior. También apelan a estándares internacionales en materia de derechos del niño, que exigen un sistema especializado y diferenciado.

La comparación regional aparece como otro argumento. Mientras Argentina debate bajar la edad a 14 años, la oposición menciona que en países como Brasil y México la edad de responsabilidad penal es de 12 años, pero las tasas de homicidios rondan los 23 cada 100.000 habitantes, casi cinco veces más que en Argentina, donde se ubican en torno a 5 cada 100.000. La conclusión que deslizan es reducir la edad no implica, por sí mismo, una baja en la criminalidad.

Las diferencias también se reflejan en las penas máximas. El dictamen de mayoría fija un tope de 15 años incluso para delitos graves o concursos, mientras que los proyectos de minoría proponen límites más bajos -por ejemplo, un máximo de 10 años para jóvenes de 16 y 17- y una reducción más amplia de las escalas del Código Penal.

En materia procesal, la oposición reclama plazos estrictos para la prisión preventiva, con un máximo de 180 días prorrogables, para evitar que el encierro cautelar se transforme en una pena anticipada. También cuestionan que el proyecto oficial, pese a enumerar garantías, podría reproducir lógicas tutelares del pasado sin una especialización real del sistema.

La infraestructura penitenciaria, en el ojo del debate

El texto oficial contempla que, al cumplir 18 años, los jóvenes puedan ser trasladados a cárceles comunes para completar sus condenas. Los dictámenes de minoría rechazan esa posibilidad y advierten que el Sistema Penitenciario Federal ya se encuentra sobrepasado, con más de 11.000 internos y capacidad excedida. En ese contexto, alertan sobre el riesgo de profundizar el colapso.

Los bloques opositores citan además testimonios sobre el impacto de penas largas en adolescentes, calificándolo como un "acto de crueldad política" con efectos devastadores en personas que aún están en formación. El argumento no es retórico: sostienen que el encierro prolongado en contextos no especializados aumenta la reincidencia y deteriora las posibilidades de reinserción.

¿Y el presupuesto?

El oficialismo prevé que la entrada en vigencia del nuevo régimen quede sujeta a la certificación de recursos, pero no establece un fondo federal específico y automático. La oposición propone la creación de un Fondo Federal de Infraestructura Penal Juvenil de distribución automática, destinado a que las provincias construyan centros especializados y no dependan de la discrecionalidad del Gobierno nacional. Además, exigen que se prohíba por ley la delegación de funciones de seguridad sin el envío previo de los recursos correspondientes.

Como modelo alternativo, mencionan la Ley 5.544 de Catamarca, que implementa un sistema especializado con enfoque socioeducativo y es presentada como una experiencia eficaz y respetuosa de los derechos humanos.