La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el jueves 12 de febrero las 11, con un temario centrado en la reforma del Régimen Penal Juvenil y la aprobación del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea .

Según la citación oficial de la Secretaría Parlamentaria, el debate incluirá más de una decena de proyectos que proponen modificar o derogar la Ley 22.278, vigente desde la dictadura, y establecer un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en general desde los 14 hasta los 18 años, con distintos enfoques sobre edad de punibilidad, procedimientos y sanciones.

Entre los expedientes a tratar figuran iniciativas del Poder Ejecutivo y de diversos bloques que impulsan la creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, la actualización del Código Penal en materia de menores y la derogación de normas históricas sobre minoridad y justicia juvenil.

Además, el temario incorpora el proyecto enviado por el Ejecutivo para aprobar el Acuerdo Interino de Comercio Mercosur-UE, un punto clave de la agenda económica y comercial del Gobierno, que busca avanzar en la integración con el bloque europeo.

La sesión fue solicitada por el diputado Gabriel Bornoroni y otros legisladores, y se anticipa como un debate de alto impacto político y social, tanto por el alcance de la reforma penal juvenil como por la relevancia estratégica del acuerdo comercial.

Un temario que amplió la agenda prevista

La convocatoria se inscribió en el cronograma que el oficialismo había anticipado la semana pasada durante una reunión del presidente de la Cámara, Martín Menem, con los titulares de los bloques. La novedad surgió cuando, en el pedido formal de sesión presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, se sumó el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la UE.

El texto del entendimiento comercial ingresó al Congreso la semana pasada, sin que hasta ahora se hubiera realizado una reunión de comisión para debatirlo. Recién se espera un primer intercambio cuando se conforme la comisión del Mercosur, prevista para la tarde previa a la sesión, un dato que generó reparos en sectores de la oposición por los plazos acotados.

El apuro por el acuerdo Mercosur-UE

En el oficialismo, el impulso para tratar el acuerdo se vinculó con la intención del Gobierno de que la Argentina sea el primer país de la región en ratificarlo. La aceleración también se explicó tras conocerse que el Congreso de Brasil ya cuenta con dictamen y planea llevar el tema al recinto después del carnaval.

Ese ritmo, sin embargo, chocó con el escenario europeo. En la UE se aguarda un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitado por el Parlamento Europeo, que no cuestiona el contenido económico del acuerdo pero sí su validez jurídica. En ese contexto, varios legisladores opositores advirtieron que el tratamiento resulta apresurado. "Estábamos trabajando sobre otros temas, es muy complicado que en 24 horas se pueda analizar y tomar una posición respecto de la cantidad de intereses que tiene el acuerdo", planteó uno de ellos.

Régimen Penal Juvenil: proyectos, cambios y un retiro inesperado

El otro eje central de la sesión será la modificación del Régimen Penal Juvenil. El Gobierno había enviado un proyecto propio que proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y fijar una pena máxima de 20 años, con la particularidad de incluir asignación de fondos, a diferencia de iniciativas anteriores. Sin embargo, el Ejecutivo lo retiró sin mayores explicaciones horas antes de la convocatoria.

Por ese motivo, el temario reúne al menos trece expedientes que abordan distintas alternativas para modificar, derogar o reemplazar el régimen vigente, con propuestas que reducen la edad de imputabilidad de 16 a 13 o 14 años. Entre los textos figura el Mensaje N° 46 del Poder Ejecutivo, enviado en julio de 2024, que volvió a incorporarse pese a no contar con financiamiento asignado.

Las iniciativas, impulsadas por distintos bloques, coinciden en derogar la Ley 22.278, vigente desde 1980, y en crear un marco normativo actualizado para la responsabilidad penal de adolescentes. También incluyen cambios al Código Penal y nuevos criterios sobre imputabilidad, condiciones de detención y procesos de resocialización, un paquete que anticipa un debate intenso y atravesado por fuertes diferencias políticas y sociales.