El presidente Javier Milei confirmó el llamado a sesiones extraordinarias a través del decreto 865/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. El objetivo es debatir un paquete de medidas clave entre el 10 y el 30 de diciembre. El segundo tramo de su mandato busca afianzar el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y la simplificación regulatoria a través de una serie de propuestas con un fuerte enfoque en la reducción del déficit y la inversión privada. Para ello, necesitará el apoyo de los gobernadores.

Este martes al mediodía, se reúnen los representantes del Consejo de Mayo en la Casa Rosada. Entre ellos, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional de la UCR Carolina Losada, el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo; el secretario general de la CGT, Gerardo Martínez; el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

 

Los 6 proyectos que se tratarán en sesiones extraordinarias en el Congreso Presupuesto 2026

El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 es la ley fundamental que planifica los ingresos y gastos del Estado. Implica un plan de gastos y recaudación diseñado para lograr el superávit fiscal o el equilibrio fiscal. 

Implica una reducción drástica del gasto público consolidado y una reasignación de recursos. Incluye las proyecciones macroeconómicas oficiales, como inflación, crecimiento del PBI y tipo de cambio.

El proyecto propuesto por el Gobierno busca reafirmar el ancla fiscal como el pilar fundamental de la política económica para eliminar la necesidad de emisión monetaria y el endeudamiento, y generar un entorno de estabilidad y credibilidad macroeconómica, esencial para atraer la inversión privada a largo plazo.

Tiene posibles impactos positivos, como la reducción significativa de la inflación a largo plazo, aumento de la credibilidad internacional y estabilidad del tipo de cambio. Pero también tiene negativos. Existen riesgos como una recesión económica inicial, producto del ajuste del gasto, dado que el gasto público es un componente importante de la demanda agregada. La implementación estricta puede generar tensión social y política.

 

 

Reforma Laboral

El proyecto contempla la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, el marco legal que determina la validez, los derechos y las obligaciones de la relación entre el trabajador y el empleado. Regula aspectos esenciales como el salario, aguinaldo, jornada laboral, vacaciones, licencias, tipos de contrato, períodos de prueba y procedimientos de rescisión del contrato. La Ley de Contrato de Trabajo no se aplicará a:

• Dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que un acto expreso los incluya.
• Contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
• Trabajadores independientes y sus colaboradores.
• Trabajadores independientes de plataformas digitales.

Propone la sustitución del artículo 9°, que establece el principio de la norma más favorable para el trabajador y cambia el criterio de agrupamiento. Ante un conflicto, rige la ley más favorable para el trabajador según la institución y no la más favorable en términos más abstractos. 

Entre los cambios que aborda el proyecto, se encuentran:

• Mejoras en los costos que deben afrontar las empresas por indemnizaciones. Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para aliviar la carga financiera.
• La reestructuración del régimen de indemnizaciones tiene como objetivo reducir la litigiosidad y el costo de los juicios laborales.
• Recorte de la cuota sindical. 
• También se prevén modificaciones en el régimen de vacaciones y jornadas laborales. 

Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria

Es una especie de candado legal para prohibir el uso de la “maquinita”. Este es el mecanismo que, según el Gobierno, destruyó el valor de la moneda y generó la alta inflación actual. El objetivo es limitar la capacidad de acción de las futuras administraciones y asegurar que el equilibrio fiscal no sea solo una meta de un Gobierno, sino una política de Estado con rango legal superior.

Prohíbe el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria por parte del Banco Central. Incluye la obligación del Jefe de Gabinete de aplicar ajustes automáticos en caso de desvíos en la ejecución. 

Esta medida genera una señal de máxima seriedad al mercado sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, lo que podría reducir el riesgo país y facilitar el acceso a financiamiento externo. Sin embargo, prevé una rigidez extrema para la política fiscal. En caso de crisis económicas o emergencias, como pandemias y desastres naturales, la obligación de mantener el equilibrio podría impedir al Estado responder con la velocidad y magnitud necesarias a través de estímulos o gastos extraordinarios. Se debate la constitucionalidad de penalizar el déficit.

 

Ley de Inocencia Fiscal

La iniciativa busca elevar los umbrales de los montos para que la evasión fiscal sea considerada como un delito penal tributario. Por ejemplo, la evasión simple pasaría de un umbral relativamente bajo a uno de $100 millones. El proyecto también reduce y uniforma los plazos de prescripción de cinco a tres años para todos aquellos contribuyentes que presentaron la declaración jurada y no tienen “discrepancia significativa”.

Crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para que las personas físicas regularicen su situación sin que les aplique la figura de “incremento patrimonial no justificado” en períodos anteriores. 

Busca restablecer el principio de presunción de inocencia en materia fiscal, simplificar el sistema e incentivar a los ciudadanos a ingresar al sistema formal los activos no declarados, como los “dólares bajo el colchón”. Esto sucede a partir de garantizar la seguridad jurídica sobre su patrimonio pasado. Se busca que el derecho penal tributario se enfoque en grandes evasores.

La iniciativa propuesta por el Gobierno podría lograr una mayor adhesión de capitales al sistema formal, lo que aumentaría la base imponible y el volumen de actividad económica registrada. Disminuye el riesgo de criminalización de pequeñas y medianas empresas por montos que quedaron bajos por inflación. Sin embargo, la flexibilización de los controles y la elevación de los umbrales podría interpretarse como una suerte de amnistía implícita a la evasión y al delito financiero.

 

 

Ley de Glaciares

El proyecto busca modificar la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y apunta a flexibilizar las restricciones a las actividades mineras en el ambiente periglacial (son áreas aledañas a los glaciares que regulan el flujo hídrico) para desbloquear proyectos de inversión minera, protegidos por la ley actual. 

Es una idea que podría aumentar las inversiones y exportaciones mineras que dejen un gran flujo de divisas para el país, pero representa un gran riesgo para la reserva de agua dulce y los ecosistemas que dependen del deshielo.

 

 

Reforma del Código Penal

La propuesta apunta a una política de “tolerancia cero”, que incluye el aumento generalizado de las penas de casi todos los delitos graves, como homicidio, robos, narcotráfico y corrupción. Además, incorpora la imprescriptibilidad para los delitos considerados como “atroces”, como homicidios agravados y abusos sexuales. La propuesta tipifica nuevos delitos, como el cibercrimen, la “pornovenganza”.