El expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó una declaración clave. Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que intervinieron en la operatoria del departamento de Caballito, afirmó ante el fiscal Gerardo Pollicita que existe un acuerdo por USD 65.000 que no figura en la escritura.

Un acuerdo por obras de remodelación fuera del contrato

Bajo juramento, Feijoo señaló que asumió el costo total de las refacciones y obras de remodelación del inmueble de la calle Miró al 500 y lo estimó en USD 65.000. Según su testimonio, ese monto no se incorporó a la operación formal y quedó sujeto a un acuerdo de palabra con Adorni, sin respaldo documental.

"Le informo a Adorni que mis gastos son por 65.000 dólares. Fue un acuerdo de palabra", declaró el testigo ante la fiscalía.

De acuerdo con lo declarado, el compromiso consistía en recuperar ese dinero "por afuera" cuando el funcionario concretara la venta de su propiedad en Parque Chacabuco, un esquema que, según el propio testimonio, también buscaba evitar pérdidas en la operación.

Fuentes judiciales indicaron que ese monto aún no fue devuelto, un punto que la fiscalía incorporó al análisis de la operatoria. 

La exposición del testigo se extendió durante tres horas y se centró en la secuencia de remodelación, fijación de precios y condiciones de pago del inmueble.

Cómo se armó la operación inmobiliaria

La reconstrucción judicial ubica el origen de la maniobra en mayo de 2025. El exfutbolista Hugo Morales vendió el departamento a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo por USD 200.000. Ambas actuaron como compradoras iniciales y luego como acreedoras.

Feijoo intervino desde el inicio: señó la propiedad, negoció el valor y coordinó su puesta a la venta. También lideró las reformas previas a la transferencia final.

Meses después, el inmueble pasó a manos de Adorni por USD 230.000. El esquema incluyó un anticipo de USD 30.000 y una financiación del resto a un año, sin intereses, instrumentada mediante una hipoteca. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del bien.

Ante la Justicia, el testigo también sostuvo que cerrar la operación con un funcionario le resultaba conveniente desde el punto de vista comercial, en el marco de su actividad en el sector, ya que le permitía mostrar antecedentes de operaciones con clientes de alto perfil.

Precios en discusión y rol del intermediario

Otros testimonios incorporados al expediente aportaron referencias sobre el valor del inmueble en el mercado. La martillera Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi declararon que el departamento se ofreció inicialmente en USD 375.000 y que podía venderse en torno a USD 345.000.

Esa diferencia de valuación quedó bajo análisis de la fiscalía en el marco de la revisión integral de la operatoria.

Otras propiedades bajo la lupa

 En paralelo, la fiscalía profundiza el análisis sobre el origen de los fondos y los movimientos en moneda extranjera vinculados a las operaciones bajo estudio. 

La investigación también avanza sobre otras propiedades del funcionario. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, a nombre de su esposa Bettina Angeletti, donde se realizaron refacciones. El contratista de esas obras fue citado a declarar para precisar costos.

La fiscalía busca reconstruir la trazabilidad completa de los fondos y determinar si el nivel de gastos y adquisiciones se corresponde con los ingresos declarados. En ese recorrido, la mención de un pago no documentado por USD 65.000 introduce un nuevo elemento en el análisis de la operación de Caballito.