En la localidad de Boedo, el Ministerio Público Fiscal cerró la terminal de colectivos de las líneas 181, 127, 57 y 41 que se encuentra debajo de la Autopista 25 de Mayo, entre la calle Virrey Liniers al 1300. 

La clausura sucedió tras una inspección integral de la estación, donde encontraron irregularidades en su funcionamiento, impulsando una investigación por presunta infracción de la Ley de Residuos Peligrosos. 

Entre las razones que impulsaron el cierre se encuentra el mal acopio de residuos peligrosos, la falta de señalización y marcas de aceite en diferentes zonas del recinto

Sumado a esto, los inspectores encontraron fallas en la seguridad como cables de electricidad expuestos y la falta de exhibición de los certificados de mantenimiento de la red hidrante fija contra incendios, de sistema de autoprotección, de fumigación vigente y de limpieza de tanque y examen bacteriológico. 

Los inspectores detallaron que desde el caño de desagote pluvial, salían restos y residuos de hidrocarburos en los lugares destinados a residuos domiciliarios. Otra de las faltas graves fue la ausencia del certificado de la habilitación comercial o en su defecto el inicio de trámite.

La inspección fue motivada por la denuncia telefónica de un vecino que afirmó que en la terminal se sentían fuertes olores a combustible, afectando la normal respiración de las personas de la zona y generando malestar. 

La medida de clausura inmediata fue ordenada por Carlos Rolero Santurián, encargado de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental.

El fiscal  asigno al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y a la Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina como los encargados de las tareas de averiguació.  

Así mismo se ordenó la realización de una inspección integral a la zona con asistencia de la Dirección General de Control Ambiental (Dgconta), la Dirección General de Red Pluvial (Dgsplu) y la Dirección General de Fiscalización y Control (Dgfyc).

Entre tanto se regulariza la situación legal del establecimiento, se investiga la presunta infracción de la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051) y al artículo 56 del Código Contravencional.