Psicológicamente vulnerables. Angustiadas, desarmadas. Con miedo. En la mayoría de los casos con sus hijos e hijas. "Las mujeres que están en situación de violencia y terminan en un refugio llegan absolutamente desbastadas", cuenta Flavia Centurión quien pertenece a la ONG Las Mirabal de La Plata y pasó por la experiencia de organizar un hogar para personas que desesperadas, huyen de sus agresores para encerrarse otra vez en los refugios que proveen el Estado y las organizaciones para el "mientras tanto".

Sin embargo, es una medida cuestionada ya que no provee soluciones concretas: "En el 95% de los casos las mujeres que van a los refugios son las que están en extrema situación de vulnerabilidad económica y social", explicó la referenta. 

Y agregó: "Aquellas que tienen una situación económica cómoda, si tienen que irse de sus casas, cuentan con un medio económico o un familiar que pueda brindarles las asistencias que necesita". En cambio, quienes pasan por los hogares vuelven a la calle sin empleo, ingresos, muchas con hijos que mantener y con trabas subjetivas y objetivas que les impiden el acceso a una vivienda segura.

De una cárcel a la otra

Cuando la mujer ingresa a un refugio es incomunicada del exterior, son restringidas las llamadas telefónicas, no tienen acceso a relacionarse con sus familiares, amigos, amigas ni ningún otro afecto en general. Sus hijos o hijas son cambiados de escuela y tienen que matricularse en otra institución que preferentemente esté ubicada dentro del radio de ese refugio. Por lo tanto, es un sistema cuasi carcelario: la mujer va a encerrarse. 

En paralelo, el autor de la violencia, el agresor, se queda en su casa, va a su trabajo y está en su barrio; y la mujer en ese estado tiene que adaptarse a convivir con otras, a que sus hijos se adapten a ese sistema comunitario y en un contexto de encierro.

"Esto es transitado por las víctimas con mucha impotencia, todas sienten la gran injusticia de tener que encerrarse mientras que el autor de las violencias y causante de esa situación está libre", agregó Centurión.

Mariana Serafini trabajadora social que se desarrolló como operadora en un refugio a puertas cerradas ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contó a BAE Negocios que las mujeres no tenían actividades más allá de las que ofrecían voluntarios y voluntarias que daban clases de yoga, manualidades y decoración, talleres de peluquería y maquillaje.

Durante la semana, las actividades principales refugiadas era hacer trámites, siempre acompañadas por una operadora ya que no podían salir solas bajo ningún término. Las diligencias estaban relacionadas a sus denuncias por violencia de género a sus agresores. Ir a los juzgados, ir al hospital para algún tipo de control y llevar a los niños en edad de jardín al CPI (centros de primera infancia), también acompañadas en una camioneta por personal de la institución.

Serafini describió que "en el día a día la organización era darles medicación psiquiátrica: se les suministraba la medicación por parte de las operadoras, ya que las mujeres no podían tener contacto con la medicación ni con sus pertenencias sino era a través de las empleadas de la institución". "Lo mismo sucedía con el desayuno, no tenían acceso a los alimentos que les llegaban para ellas sino que teníamos que dárselo nosotras", contó.

Centurión, en tanto, aseveró que "las mujeres son revictimizadas desde el momento en que se las esconde y se las incomunica mientras que los autores de las violencias están en libertad: “Castigamos a la mujer desarraigándola con sus hijas e hijos". La referenta plantense opinó que "el agresor debe ser el que se retire de la sociedad, no la mujer, salvo en los casos en que por ejemplo el victimario esté prófugo de la justicia, pero no como regla sino como excepción".

Como puede leerse en esta nota, el actual Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cambió la política de Hogares de Protección Integral y lo reemplazó por el programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género. El eje central es la “refacción, ampliación y equipamiento” de los HPI.

Los ahora llamados Centros Territoriales totalizan 168 de los cuales, 20 dependen de gobiernos provinciales, 120 de municipales y 28 pertenecen a organizaciones no gubernamentales.

La pesadilla del techo: una crisis que empuja a las mujeres a recurrir a un refugio

La vuelta al exterior no produce cambios: las mujeres salen como entraron, sin nada. En este punto, las operadoras buscan a un familiar que les de techo pero la precariedad económica suele mantenerse.

No es sólo la situación de violencia por motivos de género sino también las condiciones materiales las que les impiden el acceso a la vivienda segura y el desarrollo de un proyecto de vida con una calidad mayor. 

Según el Indec, la tasa de desempleo para las mujeres aumentó a 13,5% en el segundo trimestre, 28,5% en las más jóvenes. Y cuando trabajan, ganan menos que los varones: la brecha es del 29% en empleos formales y de 35% para las asalariadas informales.

Con los precios de alquileres e inmuebles dolarizados y en aumento, las posibilidades se achican. Una encuesta de Inquilinos Agrupados reveló que el 43% de quienes alquilan tuvo que endeudarse en los meses de pandemia para poder sobrevivir y el 46% de los hogares se quedaron sin ingresos. De ese último porcentaje, el 25% son mujeres que viven solas y un 13% crían hijos en hogares monomarentales.

Además, son las que suelen llevar adelante las operatorias con los propietarios o inmobiliarias y así, se enfrentan a situaciones de hostigamiento, maltrato y discriminación: en el mercado inmobiliario hay un fuerte rechazo por la presencia de hijos y que la pregunta "¿tenés hijos?" es realizada a las mujeres para ejercerles un filtro al momento de acceder o no a la vivienda.

La toma de Guernica de septiembre y octubre visibilizó la falta de acceso de las mujeres a la vivienda

Según explica la especialista Claudia Hasanbegovic en su artículo "Un techo para las mujeres. Vivienda segura para una vida libre de violencia", el acceso a una vivienda segura determina que las mujeres puedan dejar una relación violenta. En su trabajo, la abogada señala que "las sobrevivientes de violencia doméstica necesitan una respuesta policial inmediata, seguridad económica —incluyendo independizarse de su pareja violenta—, vivienda segura y accesible, apoyo significativo y monitoreo de su pareja para prevenir futuros ataques. A pesar de ello,  muchas  sobrevivientes, especialmente las jefas de hogares con hijos/as pequeños/as, quedan en situación de calle por falta de acceso a recursos suficientes que les brinden ayuda inmediata y a largo plazo, o por el fracaso en acceder a medidas de protección ante la justicia".

El artículo, que presenta el análisis de 135 documentos producidos en varios países de cuatro continentes, sostiene que "la violencia contra la mujer en la pareja es el factor con mayor peso para la iniciación de una  vida en situación de calle, y; la ausencia de acceso a vivienda segura y a servicios de apoyo es el elemento clave por el cual las mujeres quedan atrapadas en relaciones abusivas. Por ello, algunas autoras sostienen que obtener vivienda segura es el factor independiente y principal más importante para prevenir la repetición de violencia en la familia".

Qué medidas implementará el Gobierno para mejorar el acceso a la vivienda de mujeres

El punto 19 de la nueva Ley de Alquileres (27.551) contempla un alquiler social y la facilitación de créditos y subsidios con mención especial a “las personas que se encuentren en situación de violencia de género en el marco de lo previsto en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, 26.485 y por las personas adultas mayores, velando por la no discriminación de las mismas”.

Pero la medida aún no fue implementada. En octubre, este medio consultó a la entonces ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa sobre la política y la respuesta de la ex funcionaria fue que el programa todavía estaba “en desarrollo” y que buscaría contemplar “a todas las diversidades”. La gestión del actual jefe de la cartera, el ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aún no se pronunció sobre el punto. La única política concreta con el fin de mejorar el acceso de las mujeres que mantiene el área de vivienda es el cupo del 20% para jefas de hogar en los sorteos del Procrear.

Además, el MMyD lanzó el Programa Acompañar que consta de una ayuda económica para personas en situación de violencia por un monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Pero este plan, el más importante en términos de presupuesto para el 2021, justamente no se aplicó durante el 2020, sino que comenzará a entregarse el año que viene.

Según estimó el propio Ministerio, el programa demandará una inversión de $4.496.800.000 y se asistirá a al menos 92.000 personas. Es la medida más específica, por ahora, que buscará la autonomía económica de mujeres y diversidades, un aspecto clave para mejorar la calidad y la libertad de las personas que fueron violentadas.

 "Tenemos que replantearnos estas medidas", propone Centurión, porque es una deuda que se tiene “con todas las mujeres que están en situación de violencia". "Tenemos que poder planificar otras respuestas que no tengan esta lógica de esconder y encerrar a la víctima para luego insertarla en la sociedad sin nada", concluyó.

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