En la toma de Guernica donde hay una olla, come toda la manzana. El predio, dividido por palos e hilos, alberga a al menos 1900 personas y 600 familias. En cada lote hay una casita de chapa con techo de lona. En muchas de estas viviendas urgentes, hay mujeres que escaparon de la violencia y que acuestan todas las noches a sus hijos en un colchón sobre la tierra, esperando que el frío no congele sus pies. La situación en el partido bonaerense de Presidente Perón pone de manifiesto la grave crisis habitacional en Argentina que, tanto por discriminación como por factores económicos, golpea doble a las mujeres.

Tener un hogar es un desafío para las clases medias bajas y bajas cuando los precios de los alquileres aumentan sin freno y las viviendas se pagan en dólares. Pero es aún más difícil para las mujeres, ya que son las que sufren las tasas más altas de desocupación; 13,5% en el segundo trimestre, 28,5% en las más jóvenes; y que cuando trabajan, ganan menos que los varones: la brecha es del 29% en empleos formales y de 35% para las asalariadas informales.

Ante la imposibilidad de pago, la salida que encuentran es el endeudamiento informal, proceso que se intensificó durante la pandemia de coronavirus gracias a los despidos y el incremento en los alquileres pese al decreto del Gobierno que congela los precios e impide los desalojos ahora hasta enero de 2021. Sobre la medida, la coordinadora del Grupo de Investigación e Intervención Feminista (GIIF), Luci Cavallero, explicó a BAE Negocios que “es una contención que funciona muy precariamente ya que se hace uso del decreto pero este no te exime de acumular deudas, que es la antesala de los desalojos, situación que ocurre aún con una prohibición vigente”.

Las situación provoca un círculo vicioso: “Las deudas domésticas terminan pagando necesidades básicas en la vivienda como servicios, alimentos o medicamentos y produce que las familias acepten cada vez más trabajos mal pagos. Entonces además de políticas habitacionales y de acceso real a créditos, necesitamos medidas de desendeudamiento”.

Alquilar criando, un factor de discriminación

Una encuesta de Inquilinos Agrupados reveló que el 43% de quienes alquilan tuvo que endeudarse en los meses de pandemia para poder sobrevivir y el 46% de los hogares se quedaron sin ingresos. De ese último porcentaje, el 25% son mujeres que viven solas y un 13% crían hijos en hogares monomarentales. Además, son las que suelen llevar adelante las operatorias con los propietarios o inmobiliarias y así, se enfrentan a situaciones de hostigamiento, maltrato y discriminación. 

Florencia Presta, coordinadora del área de género de la agrupación, indicó que el 80% de las consultas que reciben son realizadas por mujeres y que denuncian, sobre todo, rechazo por parte del mercado inmobiliario por la presencia de hijos. Es que, en el país, un 11% de los hogares son monoparentales y el 84% está a cargo de mujeres, según datos de la Encuesta sobre la Estructura Social publicada en el libro La Argentina en el siglo XXI.

“La pregunta ‘¿tenés hijos?’ se le hace sólo a las mujeres y es un punto de discriminación porque las inmobiliarias ejercen así un filtro para acceder o no a las viviendas. Las inquilinas sufren de situaciones de abuso ilegal de precios, hostigamiento, amenazas de desalojo o corte de servicios más que los varones que además suelen ser los titulares de los contratos. Por otro lado, las mujeres en situación de violencia de género viven una situación aún más precaria por las dificultades que representa el acceso a un alquiler formal”, describió Presta.

Las medidas del Gobierno: recientes y pendientes

 

Frente a este contexto, la nueva Ley de Alquileres (27.551) ya vigente contempla la en su artículo 17 la creación de un alquiler social que, además de facilitar las condiciones de acceso que benefician a la población más vulnerable, tiene especial consideración para las mujeres y la población LGBTIQ+ en situación de riesgo. La medida aún no se aplica, pero según indicó la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, en una entrevista a este medio, la política “está en desarrollo” y buscará contemplar “todas las diversidades”.

En cuanto a los mencionados hogares monomarentales, el programa Procrear 2020 contempló en su segundo sorteo de créditos personales para mejoramientos y refacción de viviendas un cupo del 20% para jefas de hogar que continuará en las siguientes ediciones. Según consideró Bielsa, su cartera busca “promover que las mujeres que llevan adelante hogares tengan una valoración más” por absorber las tareas de cuidado en su totalidad.

Las precarización en las condiciones habitacionales, otro factor de desigualdad

 

Otra de las dificultades habitacionales es el hacinamiento en barrios populares que, de acuerdo al Indec, ocurre cuando en una vivienda conviven más de cuatro personas por cuarto (sin contar cocina y baño). Asambleas y organizaciones feministas demandan la urbanización de barrios y villas y que se haga con perspectiva de género. Esto implica “mejorar las condiciones de las mujeres, lesbianas, travestis y trans que son las que llevan adelante la organización barrial y las tareas domésticas, analizó Cavallero.

Esta tarea pasó hace algunas semanas a manos del ministerio de Desarrollo Social, quien deberá enfrentarse con un panorama complejo: en la prepandemia, un 99% de los habitantes de barrios populares no accedía a una red de gas natural, un 98% al servicio de red cloacal, un 89% a la red de agua y un 68% al servicio de energía eléctrica, en función de datos de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Las tomas de tierras desparramadas por el país son la consecuencia más expuesta de esta crisis habitacional que tiene ya larga data y que la pandemia profundiza. En ellas se intensifican todos los factores que restringen la posibilidad de desarrollo de las mujeres y diversidades, que una vez más, se organizan para sobrevivir.

Las más ricas, con menos bienes

La radiografía de los sectores bajos y medios-bajos es crítica. Pero la brecha se traduce en patrimonial cuándo se trata de los grupos con mayores ingresos. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el impuesto a los Bienes Personales, sólo el 34% de las personas que pagaron este impuesto en 2018 son mujeres en tanto que sus bienes valen menos que los de los varones, un 28,3% del total declarado.

“La relación con las deudas y las propiedades es inversamente proporcional. Las mujeres son más propietarias de deudas y los varones más propietarios de bienes”, evaluó Cavallero. En resumen, el estudio concluye: “Adentro del segmento de la riqueza que paga impuestos patrimoniales en Argentina, las mujeres son menos ricas que los varones”.

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