La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a negar irregularidades en sus balances y acusó a la Inspección General de Justicia (IGJ) de ejercer "presión" y de "construir un relato ficticio de incumplimiento", luego de que el organismo de control citara a declarar a contadores por inconsistencias contables que, de acuerdo con la información reunida por la IGJ, superan los USD 450 millones.

El descargo llegó a días de que comiencen las audiencias ante la IGJ y después de la primera declaración pública de Claudio "Chiqui" Tapia sobre las denuncias de corrupción que lo rodean. El organismo fijó como fecha límite el 20 de enero para que se presenten explicaciones formales sobre los estados financieros cuestionados.

Citaciones a contadores y plazos clave

La IGJ dispuso que los especialistas que intervinieron en los balances comparezcan entre el 14 y el 15 de enero. El primer citado fue el auditor Fernando Dubois, responsable de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional, quien debe declarar sobre los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2024.

Un día después deberán presentarse Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi. Carraro explicará el balance de 2017; Mucelli, los correspondientes a 2018, 2019, 2020 y 2021; y Bisurgi, los de 2022, 2023 y 2024. Las audiencias se realizan en la sede de la IGJ, en Paseo Colón 291.

En paralelo, el organismo que conduce Daniel Vítolo otorgó plazo hasta el 20 de enero para que la AFA complete las explicaciones requeridas y dejó abierta la posibilidad de avanzar con la designación de veedores si no observa avances.

El comunicado y la defensa de la AFA

En respuesta a la intimación, la AFA difundió un comunicado titulado "La única verdad, es la realidad (bis)", en el que aseguró que presentó "todos los balances en tiempo y forma desde 2017" y que solo recibió una observación formal, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

"Una vez más, el incumplidor no es la AFA, sino el propio Organismo, que además tiene el atrevimiento de recorrer los medios de comunicación acusando a la AFA de incumplimientos inexistentes. Nadie puede ser acusado de incumplir obligaciones que jamás le fueron requeridas", sostuvo la entidad.

Según el texto, esa única vista fue notificada el 26 de diciembre de 2017 y respondida el 9 de enero de 2018. "El resto de las vistas invocadas públicamente por el Inspector General, de las cuales maliciosamente dijo que AFA se negó a contestar, nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ", agregó el comunicado.

Facultades del organismo de control

En su defensa, la AFA sostuvo que la IGJ "no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances", función que atribuyó exclusivamente a los socios, y que su rol se limita al control de legalidad formal, con la obligación de fundar y notificar debidamente cualquier observación.

"Estamos frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales fue legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control", afirmó la entidad.

Cambio de jurisdicción y competencia

Otro eje central del descargo fue el cambio de domicilio legal de la AFA a Ezeiza. La entidad rechazó que se trate de una maniobra para eludir controles y aseguró que la IGJ "conoció, participó y certificó el cambio de jurisdicción desde su etapa inicial".

"Es objetivamente falso afirmar que la AFA ‘se escapó', que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal", señaló el texto. Según la AFA, la entidad se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, por lo que la IGJ "carece de competencia actual para ejercer funciones de fiscalización".

"El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso de una entidad reticente al control e incumplidora para encubrir años de inactividad y falta de diligencia", concluyó el comunicado.

Otras denuncias en curso

El conflicto con la IGJ se da en un contexto de múltiples denuncias que involucran a la conducción de la AFA. Se trata de causas independientes. La investigación de la IGJ, en cambio, se centra en la falta de precisiones sobre partidas específicas de los balances.

Entre ellas figura el expediente que investiga el vínculo con la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejos, donde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria por $ 880 mil millones entre 2022 y 2025.

Otra presentación de ARCA acusa a Tapia por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por $ 19 mil millones. También se investigan operaciones de compra de dólares al tipo de cambio oficial para su posterior reventa en el mercado informal y el rol de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni, que gestionó negocios de la AFA en el exterior por más de USD 260 millones.

Además, se encuentra bajo análisis la adquisición de una mansión en Villa Rosa, Pilar, denunciada por dirigentes de la Coalición Cívica como presuntamente vinculada a testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La postura de Tapia

El comunicado se conoció un día después de que Claudio "Chiqui" Tapia afirmara al diario La Nación que las acusaciones en su contra forman parte de "una difamación mediática". Consultado sobre el impacto del escándalo, dijo que se encuentra "tranquilo" y remarcó: "No estoy imputado".