La Justicia Federal de San Martín reconoció que los fusilamientos que de José León Suárez ocurridos el 9 de junio de 1956 fueron responsabilidad del Estado. 

Durante el proceso, el tribunal reconoció que Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En tanto, Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta fueron detenidos a través de un allanamiento ilegal que se hizo en una vivienda de la localidad de Florida a partir de órdenes del entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu.

De los 12 hombres detenidos ilegalmente, solo siete lograron sobrevivir: Troxler, Benavidez, Díaz, Di Chiano, Gavino, Giunta y Livraga, el único que hoy sigue vivo con 94 años.

La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, leyó la sentencia en la que reconoció que existió responsabilidad del Estado Nacional argentino "en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de hechos", a los que calificó como "allanamiento ilegal de domicilio que concurre con el de privación ilegal de la libertad agravado reiterado en 12 oportunidades, que a su vez concurre con el de homicidio agravado en cinco oportunidades y tentativa de homicidio en otros siete".

El veredicto señaló a los presidentes de facto Pedro Aramburu e Isaac Rojas; al jefe de la SIDE, Juan Constantino Quaranta; al jefe de la Policía Bonaerense, Desidero Fernández Suárez; al jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, como responsables de los hechos cometidos. Como estos se cometieron hace 70 años, todos los acusados están muertos. Pese a que les hubiera correspondido una prisión perpetua, la Justicia determinó una serie de medidas reparatorias. Entre ellas:

• Rehabilitación del buen nombre y honor de los 12 fusilados y sobrevivientes.
• Publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y la provincia de Buenos Aires, y en las páginas de las Subsecretarías de Derechos Humanos.
• Inclusión de los hechos probados en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense.
• Instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos, la detención y los fusilamientos.
• Creación de un "sitio de la memoria" en el predio del basural de José León Suárez, donde hoy se erige un monumento, para preservar la memoria y dignificar a las víctimas.
• Incorporación de los nombres de todos los hombres en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.

Qué son los fusilamientos de José León Suárez

Durante su alegato, la querella reconstruyó minuciosamente los trágicos hechos de aquella noche a partir de las pruebas y testimonios del debate oral, además del libro Operación Masacre, en donde Rodolfo Walsh relata los acontecimientos. Entre las declaraciones más brutales se destacaron la de Juan Carlos Livraga -el "fusilado que vive"- y las de familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Los abogados detallaron que la noche del 9 de junio de 1956, un grupo de personas se reunió en una vivienda ubicada en Hipólito Yrigoyen 4519, en la localidad de Florida en Vicente López. El motivo formal era escuchar una pelea de boxeo por radio.

"Pero en el ambiente circulaba otra cosa que parte de los asistentes conocía: la posibilidad de esperar el mensaje por el alzamiento armado que preparaba Juan José Valle contra la dictadura de Aramburu y Rojas". - Alberto Palacios, abogado de la querella.

En el fondo de la propiedad se encontraban Carranza, Garibotti, Rodríguez, Lizaso, Brión, Livraga, Gavino, Díaz y Torres. En la casa del frente estaban el dueño de la finca, Di Chiano y Giunta. Un dato novedoso que arrojó el juicio es que se encontraban allí porque Di Chiano era el único vecino de la cuadra con teléfono, y aguardaban una llamada clave.

Alrededor de las 23:20, un violento operativo represivo irrumpió en el lugar. Todos fueron arrestados, a excepción de Torres, quien logró fugarse. Minutos después, Benavidez y Troxler fueron capturados cuando intentaban ingresar a la vivienda. El jefe de la Policía Bonaerense, Fernández Suárez, participó personalmente de las detenciones y ordenó trasladar a los 12 hombres, totalmente incomunicados, a la Unidad Regional de San Martín.

La querella hizo hincapié en una contradicción temporal que desarma la justificación legal de la dictadura:

• 23:20 (9 de junio): los civiles ya estaban bajo custodia policial y privados de su libertad.

• 00:32 (10 de junio): la radio transmitió la proclama de la ley marcial firmada por Aramburu y Rojas.

"La ley que los condenaría a muerte, o que el régimen pretendía usar como cobertura, llegó después". - Abogados querellantes.

Horas más tarde, Fernández Suárez dictó por teléfono la orden ilegal de ejecutarlos en un descampado.

Pasadas las 4:00 de la madrugada del 10 de junio, los detenidos fueron trasladados a los basurales de José León Suárez. Allí se consumó el crimen:

• Los asesinados: Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión murieron en el acto.

• Los sobrevivientes: siete hombres lograron salvar su vida de milagro. Gavino, Benavidez, Troxler, Giunta y Díaz consiguieron escapar entre los tiros. Di Chiano se arrojó al suelo y los verdugos lo dieron por muerto. Por su parte, Livraga recibió tres disparos a quemarropa (uno de ellos le atravesó el rostro); tras ser abandonado ensangrentado creyendo que había fallecido, logró arrastrarse en busca de auxilio.