La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años retenida en Río de Janeiro tras un incidente en un restaurante, se agravó en las últimas horas luego de que la Fiscalía de Río de Janeiro solicitara su prisión preventiva, pese a que ya cumple medidas cautelares que le impiden salir del país.

La joven continúa con tobillera electrónica, sin acceso a su pasaporte y con prohibición de abandonar Brasil, mientras se define el pedido fiscal que podría derivar en su detención formal.

El pedido de la fiscalía brasileña

El Ministerio Público de Río de Janeiro argumentó que las medidas adoptadas hasta el momento no resultaron suficientes para neutralizar el riesgo procesal. En su presentación, sostuvo que la conducta de Páez excedió cualquier contexto de discusión circunstancial y calificó su accionar como discriminatorio y ofensivo, motivo por el cual reclamó el agravamiento de su situación procesal.

La acusación contra la turista argentina es por injuria racial, a partir de gestos y expresiones dirigidas a empleados de un bar del barrio de Ipanema, durante una discusión originada por el monto de la cuenta.

Medidas vigentes y situación actual

El episodio derivó inicialmente en la retención del pasaporte, la imposición de un dispositivo de monitoreo electrónico y la prohibición de salir del país por tiempo indeterminado. Páez permanece alojada en un departamento que debió alquilar en Río de Janeiro mientras avanza la causa.

Antes de que se resolviera un pedido de hábeas corpus presentado por su defensa para regresar a la Argentina, la fiscalía avanzó con el reclamo de prisión preventiva, lo que generó preocupación en su entorno.

Reclamo de una fundación argentina

En paralelo, la Fundación Apolo presentó un reclamo administrativo en el que solicitó la intervención de la Cancillería argentina al considerar que la respuesta del sistema penal brasileño resulta desproporcionada.

Según el escrito, Páez no cuenta con una condena firme y enfrenta una imputación que, a criterio de la entidad, no justifica la gravedad de las medidas restrictivas adoptadas. El planteo cuestiona que no se hayan evaluado alternativas menos gravosas ni se haya ponderado su condición de mujer extranjera.

Cuestionamientos al procedimiento

El reclamo también señala la existencia de registros fílmicos previos al episodio denunciado, en los que uno de los empleados del establecimiento habría realizado gestos obscenos dirigidos a Páez y su acompañante, una situación que, según la fundación, no fue debidamente considerada por las autoridades.

En ese marco, sostienen que la abogada habría sido inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, lo que habría descontextualizado su reacción posterior y alterado la interpretación de los hechos.

Pedido de protección consular

La Fundación Apolo, bajo la dirección de Yamil Santoro, citó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Ley 20.957 del Servicio Exterior y diversos tratados internacionales de derechos humanos para respaldar su pedido de intervención diplomática.

Entre ellos, mencionó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de vulnerabilidad o asimetría.

Además, cuestionó el uso del caso con fines de "ejemplaridad", al advertir sobre la difusión de imágenes y mensajes oficiales que podrían reforzar una lógica de estigmatización incompatible con la presunción de inocencia.

Un escenario judicial abierto

Mientras se aguarda la decisión del juez de control sobre el pedido fiscal, la causa avanza y la situación de Páez permanece sin definiciones concretas. La fiscalía insistió en que su conducta demuestra desprecio por las normas jurídicas y sociales, mientras desde su entorno y organizaciones civiles advierten sobre un posible exceso punitivo.

El caso sumó así una dimensión diplomática, con un reclamo explícito para que Cancillería evalúe una acción consular o diplomática que permita revisar las medidas cautelares y habilitar el regreso de la joven a la Argentina.