En medio de versiones sobre el futuro del mayor litigio que enfrenta la Argentina en el exterior, el Gobierno fijó una posición clara sobre el juicio por la expropiación de YPF y negó de manera tajante que el país se encuentre en desacato ante los tribunales de Nueva York.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación aseguraron que la defensa del Estado actúa "conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley", y calificaron como falsas y especulativas las interpretaciones que circularon tras una reciente decisión de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Qué resolvió la jueza Preska

El pronunciamiento oficial apunta a despejar las lecturas que surgieron luego de que Preska aprobara un cronograma procesal para debatir un eventual desacato en el marco de la causa impulsada por Burford Capital y Eton Park, los fondos que financian la demanda contra la Argentina.

Según la visión del Gobierno, ese cronograma no implica sanción alguna ni la constatación de un incumplimiento, sino que se limita a establecer un intercambio de escritos entre las partes a partir del 15 de enero. "La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes", remarcaron fuentes oficiales.

La defensa del Estado y la estrategia legal

Desde la Procuración subrayaron que cualquier definición sobre un supuesto desacato queda exclusivamente sujeta a la evaluación del tribunal y que, hasta el momento, no existe ninguna declaración judicial en ese sentido. En esa línea, advirtieron que presentar el escenario como una sanción consumada "carece de sustento jurídico".

Según la Procuración, la difusión de esas versiones responde a una maniobra de la parte actora, a la que calificó como una "operación mediática irresponsable" destinada a desviar la atención del momento adverso que atraviesa Burford Capital, cuyas acciones cayeron cerca del 29% en lo que va del año.

El foco en el discovery y las objeciones argentinas

Uno de los puntos más sensibles del expediente es el proceso de discovery ordenado por la jueza Preska, que incluye el requerimiento de comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Desde la defensa del Estado explicaron que esa medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal, tanto a la luz del derecho argentino como del estadounidense.

Aun así, el Gobierno sostuvo que actúa de buena fe y detalló que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de información, además de gestiones para obtener el consentimiento de las personas alcanzadas por el pedido judicial. Según la Procuración, la mayoría de los funcionarios y exfuncionarios involucrados colaboró de manera voluntaria, lo que refuerza el argumento de que no existe incumplimiento alguno.

Un litigio aún sin sentencia firme

El trasfondo del conflicto sigue siendo la sentencia de fondo que condenó a la Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares por la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF en 2012. Sin embargo, esa decisión aún no está firme y se encuentra bajo revisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Desde la Procuración del Tesoro insistieron en que este punto es clave para entender la etapa actual del juicio y advirtieron que instalar escenarios de sanciones inminentes o desacato consumado no se corresponde con el estado real del proceso.