Toda la operación de "ensuciado" de dinero para devolver favores o hacer campaña se encuentra prevista, lo que no implica una tipificación penal automática. De todos modos, estaban supuestas en la redacción de la Organización de las Naciones Unidas desde 2003 muchas conductas reprochables.

Por ejemplo: el establecimiento de cuentas no registradas en libros (art. 3a); la realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas(3b); el registro de gastos inexistentes(3.c); el asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto (3.d); la utilización de documentos falsos (3.e) y la destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley (3.f).

Un vademécum para sacar del circuito legal el dinero blanco. Conductas que pueden implicar sanciones administrativas en las que no impera la irretroactividad de la ley penal.

Ahora, el guión multimodal 3D de Tom Riddle (perdón, de Centeno) ¿afecta directamente a los contratos actuales y vigentes de las empresas nombradas en la bitácora del remisero?

Bueno, creo que a la fecha no se registran nuevos contratos que queden bajo el imperio de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Es muy reciente. Habría que analizar con esa lupa algún consorcio de las PPP viales. No mucho más desde fin del año pasado.

Pero la inmensa cantidad de dinero público que queda en juego entre represas patagónicas, concesiones, Vaca muerta, renovables y energía, etc, puede aferrarse a esa tutela de intereses que más arriba mencioné.

El articulo 34 de la Convención de la ONU referido a las consecuencias de los actos de corrupción, pone énfasis en "la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros" para poder adoptar "medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno". En esa lógica se podrá (autoriza la Convención, sin obligar) "considerar a la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva."

Revaluar la ecuación Económico Financiera de los Contratos, agregando a ese estudio el punto de evolución de obras, la mano de obra empleada , la conducta tributaria de las empresas, y muy especialmente el disparo de los gastos improductivos y la demora en la utilización final por la sociedad de las infraestructuras realizadas es una tarea que corresponde encarar, aun cuando en momentos de la firma de los contratos no existía el reproche penal a las personas jurídicas. Ordenarse, auditar y aplicar las normas vigentes a la fecha de los contratos es una solución lógica y conveniente para los interesas nacionales. Reflexionar sobre elevar a rango constitucional estos Tratados Internacionales, sería una sana tarea de los legisladores.

Juzgar las responsabilidades de las personas físicas involucradas, también.

Todo sin perder de vista el largo plazo. El déficit infraestructural sigue aplastando nuestra capacidad de desarrollo. Justicia independiente y decisiones inteligentes. De esto se trata.

*@nachobiglieri

www.biglieri.org