Los países latinoamericanos optaron por distintas prácticas para que el poder judicial siguiera funcionando una vez declarada la pandemia, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Chile, por ejemplo, se volcó a lo virtual. Costa Rica y Ecuador también, aunque de manera más limitada. A raíz de la pandemia se autorizaron las audiencias completamente virtuales, donde todas las partes, sus abogados y en algunos casos hasta los jueces, pueden conectarse por video desde sus oficinas o sus casas.

Uruguay optó por reabrir sus oficinas judiciales con audiencias presenciales. Para mitigar los riesgos sanitarios se dictaron medidas para garantizar el distanciamiento social en los edificios judiciales, y otras medidas de organización de las audiencias. 

Mientras que la  Argentina es uno de los países que dió un fuerte impulso a lo digital a partir de la pandemia. Se empezó por difundir el uso de los expedientes electrónicos, el uso de firma digital para jueces, y la posibilidad de presentar documentos firmados digitalmente por las partes sin necesidad de soporte papel.

En Perú, donde no se cuenta con procesos orales ni expediente judicial digital de uso generalizado, se tomaron medidas de urgencia para poder seguir operando. El Poder Judicial peruano habilitó una mesa de partes virtual y una cuenta de correo electrónico al que las personas pueden mandar sus escritos y la Corte se encarga de sumarlo a los expedientes. .