El presidente Macri hace un par de semanas que ha decidido denominar a lo que sucede como una "tormenta". La metáfora meteorológica no es inocente: sería algo de origen "exógeno", "impredecible" y sobre lo que, en última instancia, el Gobierno no tendría responsabilidades. El secretario de Política Económica Guido Sandleris ha acuñado otro término: "minicrisis", buscando reducir la importancia a los acontecimientos y entreviendo que "se saldría rápido".

Ambos planteos son errados e irresponsables. Empecemos por los números fríos: la actividad económica sufrió una caída interanual del 5,8% en mayo, la mayor desde 2009, en plena crisis mundial. Más grave aún es ver que lo peor de las consecuencias de la devaluación todavía no pegaban a pleno en los indicadores de mayo. De hecho, lo que más cae es agricultura, ganadería y silvicultura (35,2%, producto de la sequía). La industria manufacturera baja "apenas" -1,4% y todavía la construcción estaba creciendo al 4,4% y el comercio registraba un tibio número a favor de 0,6%. ¿Qué va a pasar cuando se vean estadísticamente a pleno los golpes sobre la industria (ya hay estimaciones privadas que estiman -5% en junio para el sector), las ventas (y por lo tanto el comercio) y ni que hablar, el parate tanto en la obra pública como en la construcción privada en los próximos meses? La respuesta es clara: la proyección optimista del gobierno, que especula con que el número positivo del primer trimestre más algún "rebote" de crecimiento en el cuarto permitiría terminar 2018 con un 0.6% a favor o incluso el 0,4% que plantea el FMI es de muy difícil cumplimiento. Lo más probable es que finalicemos 2018 con una recesión abierta y números cercanos a -1% o aún un poco peor.

El carácter "clasista" de esta crisis es el segundo factor que debe analizarse. En medio del vendaval el sector de intermediación financiera creció un 10,8%. No es extraño, si lo cruzamos con el dato ya conocido de que la devaluación no le generó perjuicio alguno, sino que, por el contrario, sumó ganancias récord por 13.000 millones de pesos. La contracara es el aumento de las canastas de pobreza e indigencia: ambas subieron claramente por encima del índice de inflación de junio (indigencia 4,9% y pobreza 4,1%, frente a un IPC "récord" de 3,7). Nada extraño cuando se observa que los incrementos de precios productos de la devaluación pegaron más en alimentos centrales de dicha canasta como pan, harinas y aceites.

Las conclusiones son claras: vamos a un incremento de la desocupación, a más pobreza e indigencia y a salarios que van a seguir perdiendo -y mucho- frente a la inflación. Del otro lado, tendremos más ganancias financieras (por las super-tasas, pero también por la oferta de bonos como el "dual", con garantía absoluta para los especuladores), monopolios agroexportadores que ya se preparan para "la fiesta 2019" beneficiados con la devaluación pero también con la continuidad en la baja de retenciones y, por supuesto, con los acreedores externos jugando y apostando, arbitrando con el riesgo país.

Todo esto junto con una inflación superior a 30% y ninguna garantía de estabilización del tipo de cambio. Es que nada puede "equilibrarse" con un déficit de cuenta corriente de 30.000 millones de dólares anuales y necesidades de financiamiento externo de 50.000 millones de acá a fines de 2019. Con este nivel y velocidad de crecimiento del endeudamiento, la Argentina es absolutamente inviable. Con el plan del FMI, peor aún. O vamos soberanamente a suspender los pagos de deuda externa y desarrollar un plan económico alternativo que priorice la reactivación y las urgentes necesidades populares, o terminaremos igualmente, en el mediano plazo, en una cesación de pagos caótica, no sólo con recesión, sino también con corridas cambiarias y bancarias, y una sociedad sometida a la marginación y al hambre.

*Economista. Dirigente de Izquierda Socialista