El Gobierno nacional y el campo avanzan para llevar al Congreso nacional un plan para impulsar las exportaciones, en lo que representa un cambio de lógica en la relación entre la Casa Rosada y este sector. En un borrador presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) a diferentes sectores del oficialismo, en materia impositiva prevén reembolsos de impuestos según el nivel de procesamiento de la actividad y una reducción gradual de derechos de exportación de productos agroindustriales. En el caso de los reintegros, no están incluidos poroto de soja, maíz, trigo, cebada y girasol.

Según pudo reconstruir este medio, las mesas técnicas de las entidades están discutiendo la letra chica del proyecto, y existe un acuerdo en cuanto a la necesidad de una rebaja gradual de las retenciones. Luego de la tensión entre la Mesa de Enlace y el Gobierno el pasado mes de marzo por los derechos de exportación en soja, la cadena agroindustrial conformó el CAA, que nuclea a 53 entidades, como Bolsas de Cereales, exportadores y la cadena de las carnes, entre otras. Un dato a tener en cuenta y que ilustra el grado de adhesión a este proyecto, es que en los últimos días se sumaron cámaras de fabricantes de maquinaria agrícola, de biocombustibles, azucareros, del sector vitivinícola y del maíz.

Con respecto a las entidades gremiales del sector que componen la Mesa de Enlace, en el CAA figuran Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), mientras que la Sociedad Rural Argentina (SRA) se mantiene por fuera de este espacio. Desde esta última entidad hubo un acercamiento al Gobierno en el marco de los festejos por el 9 de Julio, situación que generó fuertes críticas en el seno de la SRA hacia su presidente, Daniel Pelegrina.

El texto de la iniciativa, en el cual se encuentran trabajando los economistas de las entidades que componen el CAA, se articuló en base a tres ejes, que son el institucional, exportador-productivo y el territorial. El apartado en donde están concentradas todas las miradas es el de exportaciones, del cual ya se conocieron algunos números preliminares.

Entre otros puntos, los economistas estudian un esquema de devoluciones de impuestos, que se establecería de acuerdo al nivel de industrialización. De esta manera, se aplicarían alícuotas de 4% en los casos de menor procesamiento y de 7% en mayor procesamiento y en el caso del complejo industrial oleaginoso, el reintegro sería de 1,5% a harinas y pellets y de 2,5% para aceites y biodiesel. Con respecto a los diferenciales, apuntan a que los productos agroindustriales no tributen más que la materia prima que deben utilizar para su elaboración.

Fuentes del CAA consultadas por BAE Negocios adelantaron que la idea es que el proyecto sea aprobado en el parlamento a finales de 2020. "En agosto y septiembre se estará trabajando en los contenidos y su redacción y en octubre buscamos que ingrese en Diputados", reconoció un calificado vocero de esa entidad. Esta fuente también detalló dos de los pilares que sostienen esta idea y grafican su mirada de largo plazo: "Las economías regionales no deben tener derechos de exportación y ningún Gobierno puede establecer restricciones para exportar".

En materia impositiva, otro de los puntos que busca abordar este proyecto es la devolución de saldos técnicos de IVA. Según un calculo privado, la AFIP debe a cerealeras y exportadoras de granos $1.200 millones por este concepto.

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