Ninguna causa puede llamarse justa cuando el precio para sostenerla es la vida de personas inocentes.

Ocho bolivianos perdieron la vida.

No eran dirigentes políticos. No ocupaban espacios de poder. No participaban de negociaciones ni disputaban liderazgos. Eran ciudadanos que, en medio de una crisis que paralizó carreteras, ciudades y servicios esenciales, necesitaban algo tan básico como atención médica oportuna.

Hoy sus nombres corren el riesgo de perderse entre cifras económicas, declaraciones políticas y discusiones partidarias. Pero detrás de cada una de esas ocho vidas existe una familia que enfrenta una ausencia irreparable, una historia que quedó inconclusa y una pregunta que Bolivia no puede seguir evitando.

¿Cómo llegamos al punto en que la muerte de ciudadanos inocentes dejó de ser razón suficiente para detener una escalada de confrontación?

Más de 90 puntos de bloqueo. Millones de dólares en pérdidas. Y, lo más doloroso, vidas humanas perdidas en medio de una confrontación que nunca debió llegar tan lejos.

La respuesta no está únicamente en las demandas visibles. Está en los incentivos políticos, económicos e institucionales que durante décadas han convertido al conflicto en uno de los mecanismos más eficaces para obtener poder.

Cuando un sector descubre que bloquear carreteras genera más resultados que dialogar, negociar o utilizar los canales institucionales, el conflicto deja de ser un recurso excepcional y se transforma en una estrategia racional.

Ese es quizás uno de los problemas más profundos que enfrenta Bolivia.

Durante años, distintos gobiernos, independientemente de su orientación política, terminaron cediendo ante presiones cada vez más intensas para evitar mayores niveles de confrontación social. El resultado ha sido la construcción de un mensaje peligroso: quien genera mayores costos al país posee mayores posibilidades de ser escuchado.

Cuando ese mensaje se instaló en la cultura política, el bloqueo dejó de ser una medida de protesta para convertirse en una forma de negociación.

Pero los acontecimientos recientes nos obligan a formular una pregunta aún más inquietante.

¿En qué momento una protesta deja de ser una protesta?

Durante los operativos destinados a habilitar corredores humanitarios, grupos movilizados se enfrentaron a las fuerzas del orden utilizando armas de fuego. Los registros audiovisuales difundidos muestran individuos encapuchados actuando con niveles de violencia incompatibles con cualquier concepto democrático de protesta ciudadana.

¿Podemos seguir llamándo protesta ciudadana a una movilización donde aparecen armas de fuego, encapuchados, ataques organizados contra efectivos estatales y acciones destinadas a impedir el libre tránsito de millones de personas?

Toda democracia reconoce el derecho a protestar.

Ninguna democracia reconoce el derecho a imponer objetivos políticos mediante la violencia armada.

Cuando el miedo se convierte en herramienta de presión, cuando la intimidación sustituye al debate y cuando las armas reemplazan a los argumentos, el conflicto deja de pertenecer exclusivamente al ámbito de la protesta social.

Y Bolivia debe tener la madurez de discutirlo sin eufemismos.

Porque si un grupo armado dispara contra policías, bloquea corredores humanitarios, intimida a la población y desafía la autoridad legítima del Estado para imponer una agenda política, debemos dejar de preguntarnos por qué protesta.

La pregunta es qué nombre corresponde darle y luego cuestionar también un punto que nos incómoda aun mas.

¿Cómo logran sostenerse durante más de un mes movilizaciones que afirman representar a sectores que viven del trabajo diario?

La interrogante no busca deslegitimar necesidades reales ni desconocer la situación económica de miles de familias bolivianas. Busca entender una realidad objetiva.

Mantener bloqueos durante semanas implica recursos, logística, alimentación, transporte, coordinación y capacidad organizativa. Implica sostener personas en puntos de conflicto durante largos periodos de tiempo mientras gran parte de la actividad económica permanece paralizada.

Comprender quién financia, organiza y sostiene estas estructuras debería ser parte legítima del debate público.

Porque la transparencia no puede exigirse únicamente al Estado; también debe alcanzar a quienes ejercen presión sobre él.

 * Ex vocera presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia (presidencia de Rodrigo Paz). Licenciada en Cs Políticas, especialista en comunicación estratégica y consultora en comunicación estatal.