La cuestión de la continuidad de las obras públicas contratadas con las empresas involucradas en la causa de los denominados "cuadernos de las coimas", como lo adelantamos el 20 de agosto de este año en esta misma columna no motivaba duda. 

La noticia del dictamen rector del Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, analizado por nuestra directora concluyó con una lógica previsible: las penas que instaura la Ley de Responsabilidad Empresaria no puede ser extendido a conductas reprochables desarrolladas antes de su vigencia.

La opinión de ese organismo, que ordena y obliga a todos los servicios jurídicos del gobierno nacional a acatar sus dictámenes, conforman una suerte de jurisprudencia administrativa que unifica y torna previsible las opiniones de las asesorías jurídicas orgánicas de todos los ministerios y entidades nacionales.

Vale la pena aclarar que esas opiniones o dictámenes son de seguimiento obligatorio para los profesionales del cuerpo de Abogados del Estado.

En el caso del estudio de la cuestión de la ampliación de la capacidad del Río Salado - Tramo IV- adjudicada a las empresa Benito Roggio e Hijos SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA, la conclusión consignada el 31 de octubre contiene la previsibilidad lógica de los adelantos sobre las cuestiones de prescripción de las causas penalesdemoras judiciales argentinas .

Ciertamente , y como este es el objetivo de BAE Negocios y de esta columna, adelantamos que el Dictamen mencionado reconoce que la Ley de Responsabilidad Empresaria ha expandido el listado de impedimentos para contratar , a partir de su vigencia.

Tiene también , para abordar en otro momento, una salida elegante con la cuestión de las acciones reprochables incluidas en los Tratados Internacionales anticorrupción, a las que nomina como delitos, y merecen una análisis pormenorizado.

Pero, lo más importante, fuera del defecto autoreferencial del aporte que adelantamos en este espacio 3 meses antes y del que nos cuesta alejarnos, es la contundente opinión que el Procurador General de la Nación Bernardo Saravia Frías ha vertido en su dictamen para consolidar un espacio de seguridad jurídica que reclama todo el mercado, mientras la opinión pública condena, la justicia demora y la administración debe seguir pensando en el futuro de todos los argentinos.