Apenas se enteró, Miguel Acevedo interrumpió las vacaciones que había decidido estirar por unos días luego de una plácida travesía caribeña en el yate del zar aeroportuario Eduardo Eurnekian. 

-Esto es injusto. Nosotros no estamos desabasteciendo a nadie -reclamó por Whatsapp al menos a dos ministros.  

El presidente de la Unión Industrial Argentina y CEO de Aceitera General Deheza (AGD) estaba sorprendido por las intimaciones que recibieron anteayer su compañía y otras diez por violaciones a la Ley de Abastecimiento. Las remitía la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, tras verificar que durante diciembre y enero habían faltado en las góndolas alguno o varios de los productos de esas empresas incluidos en el programa de Precios Máximos y que no habían sido los supermercados los responsables, porque en sus depósitos tampoco había. Además de la fábrica de los aceites y mayonesas Natura, por cuyos faltantes recibió las primeras denuncias la funcionaria, habían sido intimadas Mastellone, Fargo, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos, Unilever, Procter&Gamble, Paladini y Potigian.

Los mensajes de Acevedo llegaron a Buenos Aires cuando el INDEC todavía no había publicado el 5,6% de inflación mayorista de enero, un dato que terminó de instalar ayer el estado de alerta y movilización en todo el equipo económico. La apelación a la Ley de Abastecimiento por parte de Comercio Interior movió a otros ejecutivos del sector alimentario a denunciar el regreso de los "métodos morenistas", aunque en realidad lo que ocurrió fue todo lo contrario: mientras el ahora marginado exinterventor del INDEC se limitaba a amenazar informalmente a los que consideraba responsables de las subas sin dejar rastro alguno por escrito, esta vez intervinieron inspectores, hubo actas y se abrió una especie de juicio donde cada fabricante deberá explicar si incurrió en avivadas como discontinuar algunos productos de la canasta básica y reemplazarlos por otros casi idénticos pero no alcanzados por el congelamiento que dispuso el Gobierno por la pandemia. 

El tema es especialmente sensible en un contexto de tal depreciación salarial que una familia tipo puede tener a sus dos adultos empleados en blanco y a jornada completa y aún así ser pobre. Si cada uno de ellos cobra el salario mínimo, vital y móvil (sic) de $20.587, entre ambos no alcanzan a juntar los $56.459 que marcó la línea de pobreza para enero. Es la cuesta empinada que Martín Guzmán propone remontar de a poco, gradualmente, con una recuperación de apenas un par de puntos porcentuales de poder adquisitivo durante este 2021 electoral. 

La tensión no parece haber cedido en febrero, un mes tradicionalmente menos inflacionario que enero. Consumidores Libres, la ONG que lidera Héctor Polino, informó que la canasta de 21 productos que monitorea desde hace décadas se encareció 2,99% durante la primera quincena. Ecolatina, la consultora que fundó Roberto Lavagna, marcó un 3,6% de inflación entre la primera quincena de febrero y el mismo lapso de enero. No es cualquier medición: aunque su padre la vendió hace años, Ecolatina es casi una hermana para Marco, el actual director del INDEC. Y Marco también quedó en medio de las ráfagas de fuego amigo; le reprochan que en los últimos ocho meses su Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó siempre más que el índice porteño (IPCBA) de Horacio Rodríguez Larreta, a veces con diferencias superiores al punto porcentual. 

Energizantes

Para frenar tamaña inercia y hacerlo antes de que empiece la campaña, el Gobierno está dispuesto a apelar al ancla cambiaria que suele aparecer en todos los años electorales. Esto es, a que el dólar suba menos que los precios y aplaque la inflación, aun al costo de hacer más atractivos los productos importados que los nacionales. El ministro de Economía ya advirtió que no apostará a un atraso cambiario como los de 2011 o 2015 pero internamente hay consenso en torno al 25% de incremento que proyecta para la divisa, 4 puntos menos que el 29% (±4%) que presupuestó para los precios. Una meta que sostiene, audaz, aun cuando lo expone a reeditar el ridículo de Federico Sturzenegger y Lucas Llach con aquella meta del 10% (±2%) para 2018, que cerró en 47,6%.  

"Es un anclita. La idea es no atrasar el tipo de cambio, pero un poco de ancla se puede usar porque en 2020 el dólar subió más que los precios", confesó a BAE Negocios uno de los miembros del gabinete económico tras la reunión de anteayer, justo después de que Español enviara las intimaciones. En el encuentro, que encabezó Santiago Cafiero y donde estuvieron también Guzmán, Miguel Pesce, Matías Kulfas, Mercedes Marcó del Pont, Fernanda Raverta y Daniel Arroyo, la secretaria de Comercio Interior explicó que la suba de los alimentos del 45% interanual obedeció especialmente al aumento de los frescos (carne, frutas y verduras) porque los alimentos "en góndola" treparon 23% durante todo 2020, bastante menos que el 36,1% que marcó el IPC. Es más un problema que un blasón a exhibir, en realidad, porque la industria alimentaria reclamará recomponer ese margen de rentabilidad perdida más temprano que tarde.

"Ellos están convencidos de que el 29% es factible", dicen ahora los colegas de Guzmán en el gabinete, en una tercera persona distante que alude al ministro de Economía y a su equipo más íntimo. Es un tono muy distinto al de un mes atrás, cuando hasta sus peores rivales internos parecían sobrecogidos por la convicción con la que defendía sus proyecciones macroeconómicas. Y no es solo por el respingo que pegaron los precios de la canasta entre diciembre y enero. También por los que se ven venir de la mano de futuros aumentos en un rubro sensible: la energía. 

Ahí hay dos bombas de tiempo que Guzmán procura desarmar: las tarifas de gas y luz y el precio de los combustibles. Las petroleras reclaman aumentar la nafta y el gasoil por encima de la inflación para recuperar lo perdido el año pasado y absorber la suba imparable del crudo, que ya superó los 60 dólares por barril. Resulta especialmente importante para YPF, que se balanceó todo el verano en el abismo del default y que viene de haber sido discriminada durante el macrismo a la hora del reparto de subsidios a la perforación, donde la parte del león se la llevó Tecpetrol, del dueño de Techint, Paolo Rocca. 

Por otro carril corren las tarifas de gas y luz, prácticamente congeladas desde hace dos años, primero por la crisis de 2019 y luego por la pandemia. El secretario del área, Darío Martínez, convocó esta semana para el 15 de marzo a una audiencia pública donde se discutirá que porción del precio de gas en boca de pozo cubrirá el Estado a través de subsidios. Pero como no está previsto analizar ahí las tarifas que le corresponderán a transportistas y distribuidores, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, podría convocar hoy mismo a una segunda audiencia al día siguiente. Lo mismo evalúa María Soledad Manin en el ENRE para las tarifas eléctricas. 

Bernal y Manin, que reportan directamente a la vicepresidenta, disienten con la decisión que tomó Martínez, su superior directo, y que avaló personalmente Guzmán. "No hay una pelea, hay una discusión. Hay cosas que aceptamos nosotros y que entendemos, porque la cuestión presupuestaria no es menor, pero ellos tienen que entender también lo que nosotros planteamos sobre que las tarifas deben ser justas y razonables", dijeron a este diario desde uno de los entes reguladores. Otra vez la tercera persona entre compañeres. 

Sintonía fina

Guzmán y Martínez pretenden incrementar en promedio un 20% las tarifas pero con una segmentación muy marcada: no más del 9% para el 45% más pobre de la población, lo mismo que la inflación para el 35% de "clase media" y todo lo que haga falta para que el 20% más rico deje de estar subsidiado. "No debería caber en la cabeza de un peronista que el gas que se usa en un barrio cerrado sea subsidiado con impuestos que paga un cartonero que no va a poder entrar en su vida a ese barrio ni a cartonear", argumentan. 

El problema es que esa contradicción distributiva es también lo que ensombreció la macroeconomía del último kirchnerismo, como hizo notar Kulfas en el libro que Cristina todavía no le perdona. La sintonía fina que siempre se resistió a encarar Julio De Vido, hoy tan marginado a nivel partidario como Moreno pero con terminales todavía vigentes en el Enargas como su número dos, Antonio Pronsato, y como el recién ascendido presidente de IEASA (la ex ENARSA), Agustín Gerez. ¿Logrará ahora hacerla Guzmán, contra la convicción que arrastra Cristina desde aquella época? ¿Primará el criterio electoral o la reducción del déficit que necesita como el agua el ministro de Economía para que el Fondo Monetario le refinancie la deuda monstruosa que dejó Macri? ¿Habrá tenido razón Marcelo Mindlin al cederle Edenor casi regalada a José Luis Manzano y Mauricio Filiberti? ¿Cuánto pueden sostenerse empresas cuyos balances dicen claramente que no les alcanza con lo que cobran para pagar la energía que le encargan a CAMMESA, por cuenta del fisco? 

El FMI, mientras tanto, empieza a impacientarse por lo que también lee como un cortocircuito interno en torno a la firma de un nuevo acuerdo. También se impacienta el mercado, algo que se vio nítidamente tanto en el comunicado de los acreedores privados de esta semana como en informes semanales como el de PxQ, la consultora de Emmanuel Álvarez Agis. "Cerrar una negociación en realidad será clave para calmar la brecha cambiaria y que ingresen al Banco Central las divisas provenientes de las exportaciones del agro. Es decir, para que un programa económico que permita anclar la inflación y recuperar el crecimiento 'cierre', es necesario que la brecha no se dispare y para esto el acuerdo con el FMI es una condición necesaria, aunque no suficiente", escribió ahí el exviceministro de Axel Kicillof.

En realidad, lo que parece un movimiento de mercado funciona prácticamente como una privatización del Banco Central. Gracias a los silobolsas en los campos, a las empresas offshore y a las triangulaciones contables de las siete grandes cerealeras y al contrabando, los dólares se le escurren a la autoridad monetaria y la ponen a merced de esa brecha. Debido a las compras intra-firma, por ejemplo, los economistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti detectaron que las exportaciones de soja desde Paraguay hacia Argentina ascendieron en 2020 a unos US$ 1.588 millones, mientras que las importaciones de Argentina desde Paraguay totalizaron US$ 1.824 millones. 

Lejos del proselitismo punitivista de Berni, que mandó pintar con su nombre las rutas a la Costa Atlántica como hacía Daniel Scioli, la ministra de Seguridad Sabina Frederic empezó a tapar esas grietas por las que se escurren dólares. Empezó por las barcazas de soja en la frontera con Paraguay. Incautó el año pasado un 55% más que en 2019. Sigue sin alcanzar. La frontera es un colador, diría Macri. 

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Alejandro Bercovich

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