"Que no implique arrodillarse". "Que no ahogue la recuperación de la economía en curso". "Que no impida el desarrollo de la Argentina". "Que no signifique un ajuste". "Que no afecte a los que menos tienen". Las condiciones bajo las cuales la cúpula del Frente de Todos asegura que firmará el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario permanecen, por el momento, dentro del campo de lo difuso. Sin un solo papel sobre la mesa, diputados y senadores del oficialismo empezaron a calcular el costo político que pagarán por aceptar las condiciones que, de modo mucho más concreto, el Fondo incluye en todas sus refinanciaciones. Es una apuesta a todo o nada: el Frente de Todos se juega su continuidad en el poder a ese pacto que delinearon en absoluto secreto el Presidente y el ministro de Economía con Kristalina Georgieva, con intervenciones clave de Sergio Massa ante el Tesoro y un silencio público de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que sus hermeneutas subtitulan (y ella deja interpretar) como aprobatorio.

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Tras demorarlo durante dos años y después de una derrota electoral que la remontada respecto de las PASO solo ayudó a digerir, el Gobierno coincide ahora con sus vencedores en que, de no firmar ese pacto, habría calamidades mayores a las que promete acarrear el ajuste fiscal que exigirá. Los ministros incluso se animan a entusiasmar a interlocutores empresarios con un rebote acelerado gracias a la confianza que le insuflará la refinanciación al mundo de los negocios y las inversiones que traerá aparejadas. De momento evitan hablar de lluvia. Ante el Consejo Interamericano del Comercio de la Producción (CICyP), ayer en el Alvear, el devaluado Juan Manzur fue categórico: prometió perseguir ese acuerdo "por todos los medios".

Las febriles negociaciones de estas horas vía videoconferencia con Washington no sugieren que la Argentina cogobernada por el FMI y el FdT tenga ese horizonte de abundancia por delante. Los mismos empresarios que busca seducir Fernández al someterse a las condiciones de la calle 19 empiezan a dudar si la hoja de ruta fue la correcta, incluso aunque coincidan con la decisión final de acordar. Dicen por lo bajo que no hacerlo incrementaría la brecha cambiaria, presionaría sobre el tipo de cambio y por ende sobre la inflación, que amenaza con superar el pico de 2019, récord en 30 años. Agitan también el fantasma de un retiro masivo de los depósitos en dólares de los bancos, una masa de U$S 15 mil millones que hasta ahora bajó apenas marginalmente. Pero ni los más entusiastas de la rúbrica se animan a contradecir a Martín Guzmán cuando dice que le toca elegir el menor entre dos males.

Muchos de esos hombres de negocios ya anotaron como quebrantos en sus balances las consecuencias de la incertidumbre que siembra la deuda con el FMI sobre la economía. Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, no pudo concretar la venta de la mitad de sus yacimientos en Vaca Muerta a Gazprom, que llegó a hacerle una oferta firme pero la retiró cuando se amplió la brecha cambiaria. Las terminales automotrices, que le arrancaron a Fernández el compromiso de eliminarles las retenciones sobre las exportaciones incrementales, sufren la falta de dólares y tienen las fábricas trabajando al 55%. "Debieron haberlo hecho durante la pandemia, porque en pandemia valía todo", se quejan ahora, con el diario del lunes en la mano.

Ser o no ser

Para quienes deberán levantar la mano dos veces durante el mismo verano en el Congreso y a la vista de todo el país, el problema es identitario. Lo advirtió el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, a quien responden los diputados Itai Hagman y Federico Fagioli, el martes en una entrevista con C5N: "Frente a un plan plurianual de garantías para el FMI, tiene que haber un plan plurianual de garantías para el pueblo pobre", dijo. Y puntualizó que solo votarán a favor si incluye "un salario básico universal para los 9 millones de argentinos que no tienen ingresos regulares". Algo que el staff jamás convalidará.

No es el único que duda. A Leandro Santoro, que acaba de encabezar la lista porteña, el propio Presidente lo llamó para convencerlo: "Conseguí un buen acuerdo", le dijo. Juan Carlos Alderete, que integra el bloque oficialista como referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), anticipó su rechazo si el plan plurianual establece como meta un déficit fiscal inferior al de este año para 2022, año en que además los ingresos caerán sin el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas. El camporista Mariano Recalde pidió referencias en la "orga" sobre el sendero de reducción del déficit que circula por Whatsapp entre los dirigentes del espacio: 3,3% del PBI para 2022, 2,5% para 2023, 1,5% para 2024, 0,8% para 2025 y déficit cero para 2026. Nadie confirma su origen, pero esa propuesta ya fue rechazada in limine desde Washington. Reclaman equilibrio fiscal antes del final del mandato.

Con ánimo contenedor, Axel Kicillof asegura puertas adentro que el acuerdo está "en disputa". Lo que le preguntan los más reacios al acercamiento es si al menos habrá un "veranito" después de la firma. Es lo más difícil de prever, porque si bien puede abrir mejores condiciones financieras en lo inmediato, el propio FMI pretende que la economía se enfríe para que baje la inflación y se estabilice el tipo de cambio. Mientras Guzmán y Miguel Pesce dicen que los dólares alcanzan para crecer un 4% en 2022, el staff pone ese límite en un magro 2,5%.

A eso se agrega la dimensión de la crisis social que dejaron el colapso del plan económico de Mauricio Macri, la pandemia y la cuarentena. El año pasado, punta a punta, se destruyeron 194.300 empleos registrados. Si entre enero y agosto de este año, con un rebote del PBI inédito del 10% y el superávit comercial más cuantioso de los últimos 13 años, la economía solo creó 232.900 puestos de trabajo formales ¿cuántos años tiene que crecer para incorporar a los 9 millones de desamparados para los que Grabois pide ingreso universal?

De fotos y pasajes

Más que los dólares, lo que parece escasear son las ideas alternativas al pacto en los términos que propone el FMI. Pero no porque no las haya sino porque la discusión puertas adentro está obturada. El plan plurianual se cocina en el hermetismo de una habitación, entre cuatro funcionarios (Guzmán, Sergio Chodos, el viceministro Fernando Morra y Roberto Arias) en consulta con Olivos. Lo que planteó el contratista Gerardo Ferreyra (acudir a China para que adelante el pago y luego cobre en cuotas) tampoco es la única tangente. Otra, que propuso el economista Daniel Koszter, veterano de varios organismos multilaterales, sería acordar el pago en cuotas de lo que podía tomar Argentina según su cuota en el FMI (U$S 22 mil millones) y declarar al resto "contencioso".

Para evitar la desagradable fotografía de un guiño al Fondo votado por el macrismo en el Congreso pero no por parte de la tropa propia, Guzmán prepara retoques al proyecto de Presupuesto que presentó en septiembre. Uno es en la partida educativa, que según publicó el Observatorio "Argentinos por la Educación" sufre un recorte del 6,2% respecto de este año. La publicación de ese informe motivó una queja pública de su colega Jaime Perzcyk. Ayer el Consejo Superior de la UBA también se manifestó contra el ajuste. A esa misma hora, el jefe del Palacio de Hacienda hablaba con Carla Vizzotti sobre sus fondos para 2022.

Son días decisivos. Del mismo modo que transfiguró la derrota electoral en victoria con un curioso aforismo ("el verdadero no es vencer sino nunca darse por vencido"), Alberto Fernández se enfrenta ahora a la advertencia del poeta: nada hay tan estúpido como vencer, el verdadero triunfo está en convencer.

Lo saben muy bien en Estados Unidos, cuna del lobbying regulado y verdadero mandamás del FMI. Grabois denunció que la cámara de comercio bilateral (AmCham) invitó a diputados opositores a un viaje a Washington DC -all inclusive- para que se ausenten del debate de la Ley de Envases, que las multinacionales estadounidenses impugnan. El viaje, que se iba a hacer entre mañana y el 4 de diciembre, terminó por suspenderse. Los ejecutivos convidaron a unos 50 legisladores y funcionarios. Uno de los 12 que había confirmado y para quien ya se había emitido pasaje es Fernando Morra, el viceministro de Economía.

El verdadero triunfo está en convencer.

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