El lunes, mientras Martín Guzmán partía de Berlín sin grandes certezas de Peter Altmaier respecto de los vencimientos de deuda con el Club de París y el FMI, al Palacio de Hacienda llegaban peores noticias: tres hisopados positivos. No entre los vacunados VIP del entorno más inmediato del ministro, que recibieron las segundas dosis de sus inmunizaciones la semana del 8 de marzo, sino en las segundas y terceras líneas de funcionarios que todavía trabajan presencialmente ahí. La segunda ola, que ya había impactado en el vértice del poder político cuando se contagió el Presidente, hacía su entrada en el Ministerio que más la negó, al punto de excluirla del Presupuesto 2021.

Nicolás Trotta todavía insistía, como lo hizo hasta la misma mañana del miércoles, en que las aulas podían mantenerse abiertas pese al aluvión de casos y las clínicas saturadas. La negación se apoderaba del gabinete entero aunque desde la prepaga de Claudio Belocopitt hasta la obra social de Hugo Moyano advertían que sin nuevas restricciones colapsarían pronto. A diferencia del brote inicial, la segunda ola de contagios es mucho más democrática: solo la semana pasada hubo 50 casos positivos exclusivamente en los comedores y merenderos del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), apenas uno de los movimientos que atienden a los más postergados de la ciudad más rica del país. En la villa 1-11-14, los hisopados diarios se cuadruplicaron frente a la semana anterior.

No es casual que Trotta y Guzmán hayan procurado demorar todo lo posible la decisión que anteanoche finalmente tomó Alberto Fernández: tal como detectó temprana y para muchos sorprendentemente Mauricio Macri, las aulas y el bolsillo son los aspectos más conflictivos de las restricciones a la circulación. En el transporte público, Mario Meoni ya había advertido que se trasladaba un 20% más de pasajeros desde que empezaron las clases en Capital y Gran Buenos Aires. Recién esta semana, más de un mes después, logró que las empresas de colectivos traben las ventanillas abiertas para que nadie deje de ventilar por el frío.

De la negación a la angustia

El martes Marco Lavagna elevó a un círculo muy selecto el dato que ayer encendió todas las alarmas cuando lo publicó el INDEC: 4,8% de inflación en marzo, 13% en el primer trimestre y 42,6% en un año. Un rato después, Matías Kulfas lo cruzaba ofuscado a Daniel Funes de Rioja en un encuentro por Zoom que compartía con la cúpula de la Unión Industrial Argentina. El jefe de la poderosa Coordinadora de Productos Alimenticios (COPAL) dijo al pasar que la Ley de Abastecimiento es “inconstitucional” y que por eso nadie pagaría las multas millonarias que venía aplicando la Secretaría de Comercio Interior a multis como Mondelez, Bagley y Pepsico, por argucias como agregarle un gramo más a sus envases y subir sus precios un 50%.

-¿Por qué andás diciendo que la ley no es constitucional? Vos sabés que está en plena vigencia. Incluso dijiste que en condiciones excepcionales era algo admisible. ¿No es excepcional una pandemia? -intercedió el ministro de Producción.

Funes sostuvo la sonrisa y empezó a responder, pero Kulfas volvió a la carga.

-¡Ustedes lo único que saben hacer es aumentar precios y violar los acuerdos! ¡Tienen productos en Precios Cuidados y sacan otros más caros! ¿Por qué no les vamos a aplicar la ley?

Funes no juega al solitario. Su planteo, literal, es el que empujaron en la mesa semanal de COPAL otras multis como Procter&Gamble y Unilever. También propiciaron su embestida contra los controles de precios empresas locales como Arcor y Molinos, según confirmaron a BAE Negocios fuentes de la industria. Es que algunas recompusieron márgenes de rentabilidad y otras no. Por esa misma razón cerca de Kulfas miran con muchísima desconfianza a Teddy Karagozian, dueño de la hilandera que monopoliza el primer eslabón de la cadena. En el año de la pandemia, de marzo a marzo, las prendas de vestir aumentaron 80,6% según el INDEC. El industrial, también economista, les echa la culpa a los importadores y a la falta de dólares.

En el Banco Central siguen la dinámica inflacionaria con preocupación. Adjudican una parte a esa puja distributiva pero otra al impulso fiscal, en línea con la heterodoxia cautelosa de Guzmán y su viceministro platense “experto en inflación”, Fernando Morra. Pero lo peor es que, aunque registró la única buena noticia financiera de la semana (que las reservas volvieran a superar los U$S 40.000 millones y recuperaran los dólares vendidos el año pasado entre julio y noviembre), Miguel Pesce ya detectó “señales negativas” en el balance de pagos. Nada que augure mayor flexibilidad del férreo control de cambios que le impuso la pandemia.

De la angustia a la duda

En la reunión de gabinete económico del miércoles por la tarde, donde Guzmán anticipó por videoconferencia desde Italia que la inflación de marzo sería récord, nadie mencionó el IFE focalizado con el que sorprendió ayer por la mañana Fernández. Salvo Cecilia Todesca, que participó de una de las últimas charlas de trasnoche entre la Rosada y la jefa de la ANSES, Fernanda Raverta, los ministros y el jefe del Central se enteraron por la radio. Curioso para una decisión que pone al Gobierno en modo Cruz Roja y volcará a la calle 13.900 millones de pesos, la sexta parte de lo que repartió cada ronda de IFE el año pasado pero un monto nada desdeñable dentro del presupuesto social.

¿Alcanzará para mantener a flote a los caídos del mapa el año pasado si la segunda ola sigue creciendo? Difícil. Aunque en el Gobierno aseguran que quienes cobraban IFE están cubiertos por otros programas, los beneficiarios del Potenciar Trabajo apenas aumentaron de 800 mil a un millón este año. Los del Progresar, de 500 a 750 mil. El IFE lo percibieron 9,3 millones de personas.

Lo que sí hubo fue un redireccionamiento de esos fondos, paradójicamente en contra de los movimientos oficialistas. El viceministro de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, lo propició en diciembre, cuando arreciaron las protestas por la suba de los alimentos. A los propios (su movimiento Evita, la UTEP de Juan Grabois y la CCC de Juan Carlos Alderete) les pidió paciencia con un argumento resignado: “Guzmán está sentado arriba de la caja”. A los “troscos”, en cambio, les tuvo que entregar más tarjetas de las que pagan medio salario mínimo al mes. Es algo que reforzó una tendencia que había inaugurado -con otros fines- Carolina Stanley.

Cápitas y buitres

El colapso sanitario, mientras tanto, no solo puede llegar por el tsunami de COVID en las terapias intensivas sino también por la quiebra de algunos jugadores del sector. Las prepagas lograron que les autoricen subas del 10% en dos cuotas pero los prestadores empiezan a pedir el respirador, a falta del ATP que los mantuvo a flote el año pasado. Según la Cámara Argentina de Prestadores del Conurbano (Capresco), desde marzo del año pasado ya cerraron al menos diez.

En el Gran Buenos Aires las quejas apuntan contra IOMA. Pero el PAMI tampoco ayuda: después de haber mantenido congelada durante todo 2020 la cápita máxima (el monto que le paga a cada sanatorio o clínica por atender a un afiliado) en $900 mensuales, en enero anunció una suba de apenas el 12%. Por lo tortuoso del sistema de gestión de la obra social que dirige Luana Volnovich, recién la facturarán en mayo.

Son avatares de una pobreza franciscana frente al negocio que amasan los laboratorios a nivel mundial, en medio de la obscena inequidad mundial en el reparto de vacunas. Ayer asomó otro jugador, viejo conocido de la Argentina: según reveló el Financial Times, el buitre Paul Singer jugó un pleno a GlaxoSmithKline con una inversión “multibillion”, de decir, de varios miles de millones de dólares. Aprovechó que, a diferencia de Pfizer o AstraZeneca, sus acciones estaban 14% abajo de la pre-pandemia porque no consiguió patentar su propia vacuna.

Larrexit

Es un tema clave para estas dos semanas de fase 1. Si cumple con lo que le promete Hugo Sigman, que Fernández no repite en público para no volver a decepcionar, el martes se embarcan en Estados Unidos las primeras dosis producidas en Garín y que debían enfrascarse en México. Eso se sumará al millón y medio previstos para este fin de semana de COVAX y Gamaleya. “En mayo ya llegan de a millones”, insisten.

Si al final del confinamiento quincenal los casos bajaron y la vacunación aceleró, Fernández entrará airoso en la campaña. Más allá de su deseo, Horacio Rodríguez Larreta apuesta su carrera presidencial al resultado contrario. Por eso ayer fue a la guerra total con el tándem Fernández-Kicillof y anunció que acudiría a la Corte Suprema para mantener abiertas las aulas. Es una confrontación que ordena las internas de ambos campamentos.

En la Corte no se tomaron muy en serio el planteo porteño. Creen que, en realidad, Larreta sigue peleando la coparticipación. El 21, de hecho, hay una audiencia de conciliación por ese tema. También se ríen del Frente de Todos: hablan de “federalismo de desconcertación”, acusan a la Rosada de hacer “panelismo” y de endosarles a los jueces sus problemas irresueltos. Rencoroso, un veterano de Palacio puso el dedo en la llaga: “La semana pasada éramos todos ‘lawfare’ y hoy nos llaman para ver que onda el juicio de la Ciudad”.


 

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Alejandro Bercovich

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