La alarma de incendios la accionó Miguel Pesce. La semana pasada, después de que Martín Guzmán le presentara a Cristina Kirchner en su piso de Recoleta los últimos avances de las negociaciones y de que la vicepresidenta objetara las revisiones trimestrales vinculantes y los desembolsos a cuentagotas que el ministro de Economía recomendaba aceptar, el presidente del Banco Central le pidió un rato a solas a su amigo Alberto Fernández. Planilla en mano, le advirtió que si cubría los vencimientos del viernes y del martes próximo sin garantías de Washington de que refinanciaría el de marzo, en febrero podía desatarse una corrida cambiaria en el mercado oficial. Con la cosecha fina ya liquidada, a más de un mes de la gruesa y con los resúmenes de las tarjetas de los primeros veraneantes post-pandemia apilándose para el pago, la presión estacional de los demandantes de dólares podía vencer los diques exhaustos de la calle Reconquista.

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Algunos consultores que analizaron la composición de las reservas creen que era peor todavía. Que sin los U$S 40 millones que compró el lunes, al Central no le alcanzaban siquiera las reservas netas para pagar los intereses que vencen en febrero y que iba a tener que vender parte del oro depositado en el Banco de Pagos de Basilea (BIS), algo que Pesce niega.

Como sea, la idea de no pagar este vencimiento, finalmente desechada, fue evaluada hasta el miércoles a la noche en lo más alto de la coalición gobernante. Se discutió también a través de los medios, con las dificultades comunicacionales y políticas que impone ese curioso mecanismo de resolución de controversias internas. En la misma radio, por ejemplo, el kirchnerista Leopoldo Moreau dijo ese día que “el default no es el peor de los remedios” y Matías Kulfas el jueves que veía “voluntarismo” e “irresponsabilidad” en quienes advertían contra el pacto. Desde Tegucigalpa, donde participó de la asunción de Xiomara Castro, Cristina alimentó la asamblea: dijo que los ajustes que impone el Fondo generan un vacío de poder que luego ocupan los narcos que construyen escuelas para ganarse la simpatía de la población.

Mientras los accionistas del Frente de Todos debatían la decisión política que finalmente tomó en la mañana del jueves Alberto Fernández, las tratativas por la letra chica siguieron. Hicieron horas extras técnicos del Ministerio de Producción y del Central. También el propio Guzmán, que apenas cerró su Mac para brindar por el Año Nuevo. No alcanzaron a seguirle el ritmo dos funcionarios clave de su equipo negociador, el viceministro Fernando Morra (exfuncionario de María Eugenia Vidal) y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, que sí se tomaron vacaciones.

Del lado del Fondo, pese a la insistencia argentina, cambió poco. El ajuste fiscal previsto en los borradores del acuerdo que el Gobierno prevé anunciar en esta jornada sigue siendo el mismo que Guzmán advirtió 20 días atrás que “ahogaría la recuperación”. Esas condiciones son bien específicas para los tres primeros años del programa: 2022, 2023 y 2024. Más adelante no se establece un número, sino “metas indicativas” que obligan al país a mantener la reducción del déficit hasta llegar al equilibrio. Argentina recuperaría el capital que devolvió desde la asunción del nuevo gobierno (U$S 3.800 millones de los pagos de septiembre y noviembre del año pasado más los 725 millones en esta ocasión), que técnicamente se denomina “recompra de DEGs”. Pero no hay fondos frescos.

Tampoco varió lo que más le preocupa a Cristina: el mecanismo de “enforcement” (aplicación) de las metas ni el hecho de que cada desembolso esté condicionado a que se cumplan. Lo explica en el informe mensual que publicó el jueves el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) su director, el economista Andrés Asiaín, una de las pocas voces nítidamente críticas que se alzaron desde la periferia del Frente de Todos. “Quedamos con dos cronogramas de pago comprometidos. De hoy a 2024, U$S 42.608 millones pendientes del favor a JxC. De 2026 a 2032, los que surgirían del nuevo acuerdo de facilidades extendidas. Para cumplir los vencimientos de acá a 2024, el Fondo iría desembolsando trimestralmente los montos necesarios a cambio de que Argentina cumpla las metas acordadas y eso generaría los nuevos compromisos a partir de 2026”.

Ucronías

La clave de los desencuentros de los últimos 15 días es esa: Fernández y Guzmán habían convencido al resto del FdT de firmar un acuerdo imposible de cumplir, que todas las partes saben que deberá renegociarse, con el argumento de que las condiciones tampoco serían tan estrictas, al menos durante el período de gracia inicial. Pero al redactar la letra chica quedó claro que el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) no sería un asiento contable sino un pasaporte al cogobierno con el Fondo hasta el final del mandato. La opacidad de todo el proceso impide saber qué promesas se hicieron sobre el bidet, aunque tampoco había que ser un experto para saber que habría supervisión estricta.

Si el Fondo no cedió en sus condiciones para destrabar este anuncio, el lubricante tampoco fue que haya aumentado la proyección de crecimiento para la economía argentina en el World Economic Outlook (WEO) de 2,5% a 3% este año. Esa novedad, que llamó la atención porque se comunicó el martes en simultáneo con una reducción de la proyección de crecimiento para el mundo (de 4,9% a 4,4%), fue apenas la enmienda de un error previo. Solo por el crecimiento del 10% de 2021 (el Fondo había proyectado 5% a inicios del año), la inercia marca un piso estadístico de 3% para 2022. Para que fuera menos ya tendría que haber vuelto a caer, algo que no ocurrió.

Lo que convenció a Fernández de pagar ahora después de las cavilaciones de estos días fue la ventana que vio para anunciar en simultáneo el acuerdo, aunque la Carta de Intención y el Memorándum de Entendimiento vayan a tardar “varias semanas”, según reveló anoche una fuente calificada. “Teníamos que vacunarnos ante la posibilidad de que el Fondo nos empujara a esa crisis cambiaria de febrero”, abundó la fuente.

El dólar paralelo en el récord de $223 fue otro catalizador, al punto que los kirchneristas más conspirativos creen que pudo haber sido fogoneado por rumores alimentados desde la propia Casa Rosada con el fin de acallar disidencias. Así de profundas son las desconfianzas en una administración que por momentos ni sus propios ministros parecen reivindicar. 

Lo que va a seguir en debate son las ucronías, presentes alternativos que podrían haberse materializado si se hubieran tomado otras decisiones en el pasado. Con el diario del lunes es fácil echarlas, pero hay culpas para todos y todas. A quienes hoy agitan la confrontación les facturan que podrían haberlo dicho en diciembre de 2019, cuando todavía el Central no había dilapidado U$S 7.000 millones en pagos al Fondo. Quienes siempre empujaron el acuerdo lamentan que no se haya cerrado en octubre de 2020, apenas después de renegociar la deuda privada. Un año después, en octubre del año pasado, Guzmán les dijo a financistas de Wall Street que la responsabilidad de no haber cerrado en ese momento era del Fondo, porque “no estaba listo”. No le creyeron.

Cepos

El otro debate, más conducente, es sobre las alternativas que se abren a futuro. Haber entrado en atrasos (“arrears”), lo que podría haber ocurrido hoy, habría sido asociarse a un club de naciones que no tuvieron buen desempeño económico precisamente. Como enumera Emmanuel Álvarez Agis en el informe de ayer de su consultora PxQ, en los últimos 62 años hubo 32 casos de “proacted arrears” (atrasos de más de seis meses) con el FMI. El primero fue Cuba en 1959 y el último Zimbabwe, en 2001. En promedio los atrasos duraron 7,9 años, como el de Perú, que terminó en hiperinflación. Pero como destaca el mismo informe, habría sido “la primera vez que un país con un PIB cercano a los USD 450.000mill entre en default con el Fondo”. La magnitud del préstamo del FMI a la Argentina también lo hace único: el país representa para el Fondo el 28% de su cartera del Fondo y su principal fuente de ingresos, con unos U$S 1.600 millones anuales en intereses.  

La contraria a la que anunciarán habría sido una decisión riesgosa, no exenta de incertidumbres y que requería una cohesión interna y una audacia política que no caracterizaron al Gobierno hasta ahora. La que finalmente se tomó tampoco abre un camino de rosas hacia prosperidad ni hacia la reelección. Como subraya Asiaín, “ante eventuales incumplimientos, el Fondo va a pedir medidas complementarias para alcanzar los objetivos acordados”. Y “si no se alcanza la recaudación prevista o se crece menos de lo que supone el gobierno, debería haber una lista de recortes adicionales“.

Son cepos que el Frente de Todos empieza a aceptar entre pataleos. Condicionamientos que hasta ahora, a fuerza de internas, evitó o postergó. Un ejemplo: para reducir los subsidios a la energía de la friolera del 3% del PBI a la mitad, como pide el FMI, hay que aumentar las tarifas de gas y luz un 180% en términos reales. O sea, 180 puntos más de lo que marque la inflación. Si se hace en tres años o cuatro, con esta inflación implicaría duplicar el importe en pesos de las facturas cada año.

Los exégetas del Fondo, igual, pueden argumentar que hay instituciones aún más invasivas. Como la OCDE, el grupo de países ricos cuya reiterada invitación celebró Macri esta semana. Alcanza pegarle un vistazo al documento que publicó cuando el expresidente inició su “acercamiento” al club. Reclamaba flexibilizar el mercado de trabajo, privatizar empresas públicas, eliminar los subsidios a la energía, recortar el empleo público y elevar la edad jubilatoria para las mujeres.

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Alejandro Bercovich

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