Desde la inclusión del 15 de marzo como el Día de las Relaciones de Consumo en el almanaque internacional que impuso la ONU desde 1983 se recuperó una iniciativa del demócrata presidente de Norteamérica JFK que en 1962 había elegido este día para instalar una serie de beneficios sin distinción de clases a los consumidores del gran país del norte. Una avanzada relacionada con una forma del ejercicio de la ciudadanía en la mayor democracia capitalista de occidente, donde el mercado elige y selecciona en primarias, todos los días, sus preferencias comerciales y reserva solo para un supermartes bienal la votación para autoridades.

Por aquí, como se sostuvo en varias columnas de BAE Negocios del año pasado, la discusión sobre la competencia consumeril viene lanzada desde la entrada en vigencia de la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación. La Ciudad viene logrando consolidar su estatus provincial y abandonar el cepo que le impuso la ley Cafiero a raíz de la reforma constitucional de 1994.

El principal autor del proyecto de Código Procesal de las Relaciones de Consumo, el legislador Martin Ocampo, cuenta en su capital con el éxito judicial de haber impedido el avance de la Nación sobre estas incumbencias, cuando siendo Fiscal General de la CABA frenó la creación y puesta en marcha de los juzgados nacionales de la especialidad.

Consumo y derechos

El consumo irrumpe como un derecho nuevo, que no se retrotrae a la dinámica de los antiguos derechos privados consagrados en el Código de Velez, operados en juzgados nacionales y que siguen, por imperio de la reforma constitucional, la suerte de transferencias y partidas presupuestarias para hacerles frente.

Otro round, más cercano y en terreno legislativo al que corresponde, se está dando en el marco de la reforma judicial impulsada por el gobierno. Allí a la inclusión  coherente de secretarias con competencia ambiental se le agregaron los cargos de secretarios de consumo a los juzgados federales del interior a instancias de los gobernadores, más preocupados en sus profundas razones presupuestarias que en la discusión competencial y dejaron desguarnecido un frente en constante crecimiento como lo es el problema de usuarios y consumidores, que nadie duda, es de competencia provincial, a excepción de las cuestiones Interjurisdiccionales federales que se orientan al control del servicio y d ellos prestadores, antes que a la satisfaction de los usuarios.

El jueves 11 de marzo la Legislatura porteña trató el proyecto de Ocampo, que fue elaborado con la participación de todos los bloques legislativos y las observaciones de armonización que acercamos desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Sin votos en contra (50 a favor y 3 abstenciones) el congreso de la Ciudad aprobó el Código procesal de las Relaciones de Consumo y ordenó ponerlo en plena vigencia en 30 días. Este 19 de abril a de 2021 está en pleno funcionamiento.

Una política pública que a fines de 2020 había reconocido la importancia del espacio consumeril en la justicia porteña con la modificación del fuero administrativo de la Ciudad, denominado desde el año pasado como Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo.

La agilidad del proceso oral, la estructura tecnológica disponible, la experticia del funcionariado designado para atender el nuevo fuero especial y la independencia judicial que exhiben los juzgadores competentes, adelantan un camino amplio de traspaso de competencias que no caerán en el debate ni en las presiones políticas por la Coparticipación. Serán los ciudadanos-consumidores los que elijan cada día que Justicia buscarán para resolver sus conflictos cotidianos.
 

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