"Volvimos a foja cero". Esa fue una de las frases que disparó un alto ejecutivo de una distribuidora eléctrica. Una media hora antes, con otras palabras pero con igual concepto, había señalado lo mismo otro ejecutivo de una distribuidora de gas. Todos fueron llamados a la agitada oficina del ministro de Producción, Matías Kulfas, quien ya había chequeado el clima áspero entre las empresas de servicios públicos tanto con el ENRE como con el Energas (los entes que regulan la luz y el gas, respectivamente). El martes pasado fue un día muy largo para todo el equipo económico. Cuando la jornada estaba por terminar, hubo un dato demoledor que le sumó una contracara imprevista al impacto económico del coronavirus e irritó al Gobierno obligando a difundir un comunicado donde se especificó que no hay un cheque blanco para no cortar servicios por falta de pago. Las empresas no pueden cortar por falta de pago únicamente a jubilados, pensionados, electrodependientes, desocupados y beneficiarios de planes asistenciales. A los que se avivan, sí.

Lo que sigue, son los entretelones de ese día que puso al borde del ataque de nervios (sin glamour) a varios funcionarios del Gobierno. Desde Cammesa se giró directo al despacho del ministro un pedido de socorro. Se necesitarían unos $20.000 millones a cubrir con giros del Tesoro para que la mayorista pueda pagarle al sistema y siga funcionando. Nadie le está pagando a Cammesa, especialmente las provincias que históricamente más le deben y que cobran en sus territorios las tarifas más elevadas.

Hay un dato muy curioso. Justamente es Misiones, la provincia de la que proviene el secretario de Energía, Sergio Lanziani, la que encabeza el top 5 de las principales morosas, orillando una deuda de $8.500 millones. Si bien ya es un secreto a voces que el aún actual funcionario (con muchos problemas y recientes complicaciones legales por incumplimiento durante la cuarentena obligatoria y preventiva) está más afuera que dentro del Gobierno, no deja de resultar llamativo que no haya podido poner las cuentas en orden en su territorio o, al menos, achicar la deuda. No es la única provincia en rojo, le siguen Santa Fe y Mendoza con cifras cercanas a los $6.000 millones. Es cierto que esta situación antecede a la pandemia mundial, pero igualmente cierto es que en este contexto todos los esfuerzos deben realizarse para garantizar el suministro del eslabón más débil: el consumidor residencial.

El otro dato que sumó gasolina ese martes fue que se conocieron los resultados de los pagos de residenciales en gas y eso disparó un alerta naranja en el sector gasífero. El Energas recogió el guante y avisó en Balcare 50 que la situación es crítica. Llegó a haber un piso en la caída de la recaudación del 75% y hubo solo un 25% de cobrabilidad promedio en el consumo de marzo, solo los primeros días de la cuarentena obligatoria y preventiva. Lo que pasa, desde la visión de las gasíferas, es que más de la mitad de los usuarios pagan sus facturas de manera presencial. Es un hábito nacional, a pesar de que existan otros medios de pago, que difícilmente en todos los estratos se revierta durante la cuarentena. Y el 90% de esos pagos presenciales se realizan mediante la red de Pago Fácil y Rapipago.

Con este contexto, ahora las compañías de servicios también se sumaron al grupo de sectores que reclaman que los bancos abran sus puertas normalmente. Esta situación se suma en la carpeta de urgentes al tema tarifario. Resulta hoy muy difícil pensar en una suba de tarifas para el día después de la pandemia, sin embargo, es un tema que se esperaba (antes del coronavirus) tener resuelto para marzo. El sector sostiene que no tendrá resto para seguir operando sin las subas tarifarias que no les llegan desde mediados de 2019 y con un inflación cercana al 50% en el último año. Tampoco habrá en el Gobierno subsidios suficientes para todos los esquemas, cuando llegue el día después imponiendo sus propias urgencias.

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Alejandra Gallo

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