A nadie escapa que la pandemia de Covid-19 y las restricciones de interacción para evitar su propagación, están dejando, amén de las desgraciadas secuelas de muertes, que en el mundo ya han superado el medio illón, gravísimas consecuencias económicas que a la vez conllevan un desolador panorama en el terreno del bienestar social. Millones y millones de personas de todos los continentes han perdido sus empleos, quedando inhabilitadas para ganar su sustento.

Así como fueron omnipresentes y diversas las medidas para controlar la difusión de la infección, también lo han sido las que se tomaron para morigerar el impacto sobre las familias que vieron interrumpidos o abruptamente disminuidos sus ingresos. Y es claro que, de no haber mediado tales transferencias monetarias, las consecuencias se tornarían aún más dramáticas de lo que son.

En nuestra Patria, donde esta inesperada catástrofe de alcance universal se superpone con la prexistente "supercrisis" generada por “el mejor equipo de los últimos 50 años”, ya todos los especialistas reconocen que, como anticipáramos, los indicadores de desempleo y de pobreza se situarán en los niveles que alcanzaron a posteriori de la crisis del “Plan de convertibilidad”. Definimos como "supercrisisa la situación generada por el anterior gobierno a partir de la convergencia de los desequilibrios macroeconómicos que, en términos fiscales provocaron el colapso del gobierno de Alfonsín, y en el sector externo, el de De la Rúa.

No resulta extraño en tal contexto que, no solamente aquí, cobren vigor propuestas como la de una Renta Básica Universal u otras similares, fundamentadas en la institucionalización de subsidios sin condicionalidades.

Ya se lo entienda como búsqueda de una herramienta que permita guarecer a los vastos segmentos poblacionales de los efectos de la pauperización transitoria, o como única vía de integración social permanente de una (supuestamente) irremisible pobreza estructural, siempre es loable la vocación de no aceptar la exclusión social.

Pero es necesario entender que la distribución del ingreso no es otra cosa que la asignación del Producto Interno Bruto, por lo que las transferencias monetarias no amplían por sí mismas la cantidad de bienes y servicios disponibles para la población.

Por lo mismo, recaemos en el debate que vinimos proponiendo en las últimas semanas: si nos adentramos en un esquema productivo que necesariamente excluye a una parte de la sociedad o avanzamos en un modelo capaz de contenernos a todos.

Gordura o hinchazón

En varias oportunidades hemos apelado al pasaje bíblico que relata la milagrosa multiplicación de los panes y los peces, como ejemplo de que el verdadero sustrato de la economía está en la existencia misma de los bienes y servicios y su posterior distribución, no en la moneda, que no puede ser más que su representación. Aunque muchos piensen lo contrario, la posesión de dinero no necesariamente implica poder acceder a los consumos que satisfagan las necesidades.

Posiblemente las metodologías de medición de la pobreza basadas en los ingresos también contribuyan a la confusión, en tanto la identificación de quienes son estadísticamente “pobres” está dada por su imposibilidad de alcanzar ciertos montos monetarios como recursos disponibles de los hogares.

Pero en realidad, el déficit de los consumos de una fracción de la sociedad está determinada por la cantidad de “satisfactores” disponibles y su distribución.

Para cualquier país es cierto que en la medida que su economía produce más bienes y servicios, mayor es el bienestar que podría proporcionar a sus habitantes. Pero el aumento de los medios de pago no causa el mismo efecto. Sólo a partir de la plena utilización de todos los factores de producción puede aspirarse a la erradicación de la pobreza.

Que sea de inclusión

En la gestión económica cotidiana desde la asunción del actual gobierno, no se verificaron medidas que resultaran drásticas rupturas en el núcleo duro de la política económica anterior.

Sin embargo, como venimos sosteniendo, también resulta imposible la continuidad del ciclo económico especulativo-rentístico. Una vez concluido el proceso en curso de renegociación de la deuda soberana en moneda extranjera, al margen de los resultados, necesariamente el país, a partir de los equilibrios macroeconómicos (fiscal y externo) deberá arreglárselas con lo que sea capaz de producir.

Sin claras señales oficiales del derrotero a seguir, los agentes económicos (y políticos) pugnan, por lo bajo, por imponer su agenda inmediata, que a la fuerza trae implicadas las definiciones de largo plazo.

Decíamos la semana pasada: “Los diferentes esquemas de perfil ‘productivista’ posibles, también determinan distintos resultados en términos sociales, según su ubicación en un gradiente que va desde la sola puesta en marcha de la capacidad instalada ociosa, hacia la decidida ampliación de la Frontera de Posibilidades de la Producción.

Esto último solo es posible mediante la puesta en valor de los vectores de competitividad de la economía, lo que implica modificar la asignación de los excedentes que representan las Rentas Extraordinarias a favor del conjunto del entramado productivo nacional.

Hemos explicado en anteriores entregas las medidas instrumentales necesarias para que los precios de la energía y de algunos alimentos sean la clave de un salto cuantitativo y cualitativo para la producción de la inmensa mayoría de las empresas domésticas, así como también los efectos sobre el poder adquisitivo de los ingresos populares.

Tenemos plena conciencia de que la simplicidad con que se formula y comprende esta propuesta, no se corresponde con las dificultades de su implementación.

Pero también la tenemos respecto de que cualquier otro enfoque será incapaz de transponer los estrechos márgenes a los que queda condenado nuestro aparato productivo si no se distribuyen los beneficios redundantes expresados en las Rentas Extraordinarias.

De ello depende que podamos alcanzar el pleno empleo y con salarios de gran capacidad de compra. Sin lograrlo, una parte importante de la población quedará sin acceso al bienestar material.

Es que el camino para la erradicación de la pobreza no pasa por “entregar billetes”, sino por garantizar la suficiencia y la accesibilidad de los bienes y servicios para que todas las familias tengamos una vida digna y seamos un pueblo feliz.

 

 

*MM y Asociados