En el marco de la pandemia global, el Gobierno -una vez más priorizando la salud y los derechos humanos de la población- anunció la decisión de no pagar la deuda por tres años y propuso una reestructuración con una quita.

Cuando asumió Alberto Fernandez, la deuda pública de Argentina ya era insostenible, lo cual así fue expresado por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de este año al concluir su visita, por lo que los acreedores privados debían hacer -según ellos- una "contribución apreciable" para subsanarlo. Argentina comenzó el 2020 con una deuda de USD332.000 millones con el FMI y de USD148.000 millones debido a obligaciones con privados.

El ministro Guzmán resumió la actual propuesta de Argentina en un período de gracia de tres años, al cabo del cual se pagaría un cupón inicial de 0,5% (y 2,33% de promedio a lo largo del lapso de repago), una quita nominal de 5,4% del stock de deuda sujeta a reestructuración (USD68.842 millones) y una reducción de USD37.900 millones (equivalente a 62%) en los intereses. Los acreedores esperan los detalles que Argentina presentará ante la Comisión de Valores de Estados Unidos y comenzará un período de negociaciones de 20 días.

Paralelamente, es extendida la preocupación mundial por la caída de la economía y una recesión más grave que la de la crisis del '30. En la propia reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial (esta vez en modo virtual), varies economistas, funcionarios y "líderes" internacionales propusieron la suspensión de pagos de deuda para los países en desarrollo y coincidieron en la necesidad de aumentar los recursos de ambos organismos para asistir en particular a esas economías. Así, Lawrence Summers (ex secretario del Tesoro de EE.UU.) y Gordon Brown (ex primer ministro británico) pidieron una moratoria por dos años para "las economías emergentes que necesiten ayuda" y les economistas de Harvard, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff (ex economista jefe del FMI), propusieron congelar por dos años todos los pagos de deuda soberana, salvo la de los países con calificación crediticia AAA (EE.UU., Japón, Alemania, etcétera). Por su parte, el papa Francisco pidió en la Misa de Pascuas la reducción o la condonación de la deuda de los países más pobres y ayudas a los más débiles para afrontar la crisis del coronavirus.

En este contexto, celebramos la decisión del Gobierno y vemos con buenos ojos el acompañamiento de la oposición, asumiendo la política de derechos humanos como una política de Estado. Es una decisión justa, atinada y consecuente con ese marco dejar de pagar por tres años. Pero advertimos que para acordar un nuevo esquema de pagos -que es ahora lo que se busca en las negociaciones- debe abordarse seriamente una investigación y auditoría de la deuda, para anular los reclamos fraudulentos, ilegítimos o ilegales. Si no se hace, vamos a terminar en el mismo lugar, más tarde o más temprano: pagando con el hambre y el retroceso de derechos una deuda que el pueblo no debe.

Responsabilidades

Desde el 2002, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos impulsa un tratado que brinde marco jurídico internacional al tratamiento de la insolvencia de los Estados soberanos desde una perspectiva de derechos humanos, que regule con normas de fondo y procesales las reestructuraciones de deuda y que cree un tribunal internacional para la deuda de los pueblos integrado por juristas independientes, para revisar los títulos y resolver sobre la insolvencia de los Estados con respeto a los derechos humanos de la población, garantizando un proceso participativo.

Más allá de las opiniones políticas que nos merezcan los gobiernos que contrajeron deuda sin contrapartida de beneficios reales para nuestro pueblo y el rol negativo de las recetas del FMI en las grandes crisis económicas en América latina y el resto del mundo, hay concretas posibles responsabilidades penales de sus funcionaries que deben ser investigadas. Por esto es necesario una auditoria de la deuda, para dotar de transparencia a todo el proceso.

Somos muchas las organizaciones, movimientos y redes a nivel global que resistimos al neoliberalismo y venimos desarrollando incidencia, investigación y construcción de alternativas ante el actual modelo que privilegia el capital por encima de la vida.

Las deudas de las personas y de las familias vienen aumentando más rápido que el coronavirus, por causa de la privatización de muchos servicios públicos y su escalada de tarifazos, los períodos de retiro de Estado por parte de gobiernos que incumplen obligaciones prioritarias y el empobrecimiento de la población, básicamente, por inflación. Estas son las deudas que deben ser canceladas sin más demora. Una deuda sostenible es aquella que no viole los derechos humanos de nuestra población.

Necesitamos unirnos desde los pueblos para lograr respuestas locales y globales frente a los retos en los territorios afectados por las crisis sanitaria, alimentaria, económica y ambiental.

* Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH)