Parecía que no llegaba nunca y, finalmente, se cerró la negociación con los bonistas por la deuda. Es una verdadera bocanada de aire fresco en el momento justo. Es todo de Alberto, dicen los albertistas, claro y quienes lo ven así aseguran que lo corrieron tanto por izquierda como por derecha  y que éste es un momento de delicados equilibrios.

Así se ve al menos y el presidente, Alberto Fernández, parece transitarlo con pie de bailarín y muñeca política. Sin duda haber cerrado el acuerdo es la mejor medida de Gobierno en sus siete meses de gestión. Esta acuero potencia a un primer mandatario cuando la cuarentena viene golpeando su imagen en las encuestas. Un dto más, el problema sanitario no cede pese a lo que se pronosticó originalmente para esta parte del año y eso dilata el relanzamiento de la economía.

Hubo comunicados de todo el espinel en el sector privado celebrando la exitosa negociación y felicitando al Presidente. Este final era un reclamo acalorado del empresariado que pedía acelerar los tiempos de esta negociación para poner en marcha la otra etapa que esperan en el mundo de los negocios. Es decir, la letra chica del programa económico que vendrá. Aun resta acordar el re perfilamiento con el Fondo Monetario Internacional pero se descuenta que será menos dificultoso y más veloz que la negociación con los bonistas.

Además,  en las compañías también descuentan que sentarse frente al organismo internacional de crédito implicará tener sobre el escritorio un programa económico. En esos trazos el tema impositivo será troncal. Hoy la presión tributaria en la Argentina es una de las más  altas de América Latina y los economistas que consultan habitualmente los Ceos más poderosos del país coinciden en un dato brutal: por cada punto de aumento en la presión tributaria el país deja de crecer 0, 2 puntos del PBI y, sinceramente, la Argentina no está para regalar nada en materia de crecimiento, desarrollo y distribución social. 

El tema impositivo es un ancla de plomo para la inversión privada en un momento en que la caída de la inversión orillaría 30% este año, dicen los empresarios.

Por eso los trabajos que se realizaron en conjunto entre empresarios y la CGT coinciden en aliviar la alta presión tributaria. Ubican al tema impositivo como un ancla de plomo para la inversión privada en un momento en que el país, siempre de acuerdo con los datos del sector empresarial, está perdiendo capital y la caída de la inversión orillaría 30% este año. Sin inversión privada no habrá nuevo empleo registrado y eso lo saben muy bien en la CGT, donde no sólo temen por la pérdida de puestos de trabajo sino también por otro elemento que está agudizando la pandemia mundial en estas latitudes y que tiene que ver con la informalidad de los trabajadores. En la sede de Azopardo se estima que ya más de la mitad de los trabajadores son informales y ese sería también el saldo de la salida de la crisis en el país.

La negociación de la deuda también les trae oxígeno a los gobernadores, quienes podrán ahora intentar salir a ordenar sus propias deudas y cuentas. Las provincias saben que están bajo la lupa en lo referido a la presión tributaria. La superposición de tributos entre Nación, Provincia y municipios está escrita en todos los borradores que se manejan en los trabajos de empresas y sindicatos y que abogan por un acuerdo que relance la economía no bien ceda la situación sanitaria, y ahora más que nunca despejado el horizonte de negociación con los bonistas.

Exportaciones y campo 

Al mirar el horizonte de salida de la crisis, las exportaciones tendrán un rol clave. En ese sentido, se enmarcó la reunión del Presidente con el frente agroindustrial, que coordina José Martins. Un encuentro que estuvo a punto de caerse, el martes pasado, por el anuncio formal de la negociación con la deuda pero que el propio Fernández insistió en realizar por la tarde de ese día. No venimos a traerle reclamos sino soluciones Presidente, le dijo el vocero del frente agroindustrial que reúne a 45 cámaras como la Bolsa de Cereales, de Córdoba de Rosario, los productores de trigo, de soja, de maíz, los productores avícolas y bovinos y tres de las cuatro entidades que componen la Comisión de Enlace. La Sociedad Rural no está en ese agrupamiento empresarial.

Ese agrupamiento que comenzó a gestarse a principios de este año, previo a la pandemia además de encontrarse con el Presidente; también lo hizo con la vicepresidenta Cristina Kirchner la semana pasada. La también senadora había señalado públicamente el ruido que le generó la presencia del timonel de la SRA, Daniel Pelegrina, en la foto que el Presidente organizó para el 9 de Julio junto a entidades empresariales del Grupo de los Seis y la CGT.

En el Consejo Agroindustrial minimizan estas cuestiones y sostienen que es muy pequeño pensar si está o no la Rural. Dicen que la SRA no está por que no quiso y que sobrevuelan la grieta buscando un programa que agregue 16.000 millones de dólares de exportación por año y que lleve el volumen de ventas al exterior a 100.000 millones de dólares en 5 años generando 200.000 puesto de trabajo directos en 10 años. En este sector apuntan a una ley y es en ese contexto únicamente que enmarcan la reunión mantenida con la senadora Kirchner y con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con quien también se entrevistaron.

Por su parte la Sociedad Rural también afirman que son cuerpos dirigenciales diferentes y que las agendas se complementan y no se superponen. (Es decir, en criollo en ambos casos patean la pelota afuera). Un dato más: en la SRA habría elecciones en septiembre y la entidad acaba de comunicar que la 134 exposición ganadera se pospuso por cuestiones vinculadas a los protocolos requeridos por coronavirus, para entre el 21 de julio y el 1 agosto del 2021.

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Alejandra Gallo

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