El juez del concurso de la empresa Vicentin,  Fabián Lorenzini, “modificó” los alcances de la intervención dispuesta por el gobierno en reemplazo de los directores de la empresa. No aportó mayor claridad en el conflicto suscitado a partir del dictado del Decreto 522, por lo cual, no frenó el marasmo generalizado, ya que siguen siendo mayoritarias las dudas y muy escasas las certezas, tal como lúcidamente explicó Alberto Biglieri.

Así, por un lado, la exposición del Jefe de Gabinete ante el Senado no permitió conocer en profundidad las razones que podrían dar pábulo y andamiento a la excepcional medida cuya propuesta de ley aún no se conoce; y por el otro, la mentada resolución judicial, abundó nuevamente en comentarios (libres y profanos) ante una preocupante ausencia de hechos (sagrados).

En efecto, no hubo declaración de la -opinable- inconstitucionalidad del decreto (el Juez se declaró incompetente para dicho cometido al afirmar que “la universalidad concursal no incluye entender sobre la procedencia de la expropiación”); no se hizo mención a la -también opinable- violación al artículo 109 de la Constitución (el Juez considera que la pretensión del Poder Ejecutivo se satisface con una veeduría en lugar de una intervención, razón por la cual –según sus propios dichos- modula el pedido del Gobierno, al amparo de la Ley General de Sociedades, norma que utiliza para justificar su acrobacia competencial y no rechazar lisa y llanamente la referida intervención) y finalmente, al amparo de un novedoso instituto como es la prevención del daño futuro que no define ni explicita (desarrollada por el nuevo artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación), considera que la (opinable) experticia de los actuales Directores de Vicentín justifica su continuidad.

Dice el juez, que “los hechos traídos a su conocimiento” (léase la intervención) tienen consecuencias fácticas innegables, tanto en el giro comercial de la empresa como en el normal desarrollo de este proceso concursal, por lo que propicia la continuidad de los actuales Directores “para que siga administrada por gente de experticia de alto grado que asegure su adecuada gestión, para negociar con los acreedores y la reinserción de la empresa” y que la intervención dispuesta “podría afectar su giro comercial y actividad industrial”, por lo que debe “brindarse certeza y seguridad jurídica para la concursada, sus acreedores, proveedores y empleados, hasta tanto se resuelva la cuestión constitucional o se reconfigure virtuosamente el rol de los actores en disputa”.

Estos mismos fundamentos (léase comentarios) los podría haber utilizado el juez para convalidar la intervención dispuesta por el gobierno nacional, que justificó la misma al expresar “las circunstancias descriptas han puesto en grave peligro la continuidad de las operaciones de la firma concursada, la cual, al momento de la cesación de pagos, era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales”.

Finalmente, apareció una suerte de tercera posición: la Inspectora General de Justicia de la Provincia de Santa Fe, aportó finalmente, las insoslayables y reclamadas cuestiones sagradas. Fue clara, precisa y contundente, al descalificar la experticia de las personas que actualmente conducen Vicentin, la cual decididamente no sirve para brindar la “certeza y seguridad jurídica” invocada por el Juez Concursal.

La doctora María Victoria Stratta pidió al juez que desplace al directorio de la administración de la empresa, para reemplazarlo por un órgano colegiado compuesto de tres interventores (los dos designados por el gobierno nacional con uno más propuesto por ella).

Fundó su petición en el "el poder de policía societaria" que la ley le asigna a la IGPJ, "definido como el sistema mediante el cual el Estado desenvuelve actividades de limitación frente a expresiones societarias con la finalidad de preservar la existencia de bienes considerados comunes" y de esa manera "otorgar continuidad y transparencia al manejo societario, contribuyendo desde el Estado a la conservación de la empresa, situación que recién se consolidaría con la finalización del concurso preventivo".

Justificó su pedido al manifestar que "los administradores actuales han demostrado no estar a la altura de las circunstancias", para detallar luego la trama societaria, que incluye sociedades extranjeras que controlan a la empresa local.

No se limitó sólo a referir a la existencia de las denuncias contra el grupo por presunta mala administración o delitos económicos, tanto en el país como en el exterior, sino que agregó: "El breve tiempo transcurrido hace que estén en etapa de investigación. Pero la gravedad de la situación no permite esperar el resultado para actuar".

Empero lo dicho, remató su pedido al afirmar que "el peligro en la demora es evidente, porque está en juego la continuidad de la empresa, con ella, la suerte de muchos: acreedores, trabajadores, productores regionales, cooperativas, entre otros".

En caso de aprobación de la propuesta, quedarán pendientes definiciones que podrán dilucidarse una vez que los interventores y el juez del concurso, avancen en sus respectivos cometidos. Ahí se verá el andamiento, o no, de las nuevas propuestas que surjan, o si se mantiene el original proyecto de expropiación.Para ello, habrá que escuchar a todas las partes y generar un consenso mayoritario.

En el final, convoco a la generosidad del lector, para deslizar un deseo reconociendo su absoluta profanidad, invocando las enseñanzas del Martín Fierro (tardío homenaje a mi padre en su día, al recordar la forma recurrente en que me recitaba sus versos), para que todos los involucrados adhieran a ellas: “Mas naides se crea ofendido/pues a ninguno incomodo/ y si canto de este modo/ por encontrarlo oportuno/no es para mal de ninguno/ sino para bien de todos”.

* Abogado