La causa por la mansión de Pilar avanza sobre los vuelos en helicóptero
La PSA realizó un procedimiento en el aeropuerto de San Fernando para recolectar datos de helicópteros vinculados a la mansión que se investiga por presunto lavado.
La investigación judicial por la mansión de Pilar que se investiga por presunto lavado de dinero sumó este jueves un nuevo avance con un procedimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de San Fernando, donde se buscó documentación clave sobre vuelos en helicóptero realizados hacia la propiedad.
Según fuentes judiciales, el operativo se llevó a cabo en el hangar de la empresa Flyzar, dueña de la aeronave utilizada en cerca de 60 vuelos a la quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa, cuya titularidad real es objeto de investigación.
Qué buscó la PSA en San Fernando
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien dispuso una serie de medidas de prueba para reconstruir la logística aérea vinculada a la propiedad.
La PSA se presentó en las oficinas de Flyzar para requerir órdenes de vuelo, seguros de las aeronaves, nómina de pilotos y registros operativos, con el objetivo de identificar quiénes viajaban en los helicópteros y bajo qué modalidad se realizaban los traslados.
Debido a demoras administrativas, el juez autorizó que la documentación sea entregada el próximo lunes, cuando la fuerza federal volverá a presentarse en el lugar.
La empresa y los vuelos investigados
Flyzar pertenece al empresario Gustavo Carmona y es una firma conocida en el ámbito aeronáutico: fue contratada por la AFA para trasladar a la Selección argentina durante el Mundial de Rusia 2018.
En declaraciones judiciales previas, los pilotos que operaban los vuelos afirmaron que no recibían información sobre la identidad de los pasajeros, y que los registros quedaban asentados en los aeropuertos bajo jurisdicción de la PSA, como San Fernando.
El foco de la causa
La investigación apunta a determinar si la mansión fue adquirida con fondos de origen ilícito y si los titulares formales actuaron como prestanombres. La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, una jubilada, quienes no tendrían capacidad económica compatible con la compra.
La hipótesis que analiza la Justicia es que el verdadero beneficiario del inmueble sería Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.
Durante un allanamiento realizado en diciembre, los investigadores hallaron elementos vinculados a la AFA, entre ellos objetos asociados al club Barracas Central y documentación que reforzó las sospechas.
Movimientos bajo la lupa
La causa también detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA, con la que realizó gastos millonarios a lo largo de 2025, pese a no ocupar cargos formales en la entidad. Parte de esos consumos incluían gastos asociados a vehículos que se encontraban en la mansión.
Además, algunos de esos autos estaban registrados con cédulas a nombre de familiares de Toviggino, lo que fortaleció la línea investigativa sobre un posible esquema de ocultamiento patrimonial.
Próximos pasos
El juez González Charvay ordenó 30 medidas de presentación, además de oficios a organismos públicos y privados y la realización de pericias contables y financieras. En total, participan ocho dependencias de las fuerzas federales en la recolección de pruebas.
El avance sobre los vuelos en helicóptero busca cerrar una de las piezas clave del rompecabezas: quiénes viajaban, con qué frecuencia y bajo qué esquema operativo, en una causa que apunta a esclarecer uno de los patrimonios más sensibles vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.

