a Justicia avanzó sobre las cuentas bancarias y los plazos fijos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa que investiga una presunta retención indebida y el no pago de impuestos y aportes previsionales. El expediente puso el eje en la disponibilidad de fondos de la entidad al momento de los vencimientos y en la trazabilidad de sus movimientos financieros.

Credicoop, el corazón bancario bajo pedido judicial

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante ordenó al banco Credicoop que entregue todos los movimientos de dinero de la AFA. De esa respuesta, según fuentes judiciales, surgió que la entidad mantenía cuentas por hasta $8.000 millones y plazos fijos en dólares, con alto nivel de actividad. El banco quedó como proveedor de información y no como sujeto investigado.

Una fuente del caso resumió el volumen del material incorporado al expediente con una definición escueta: "Pila de documentación".

Qué busca la causa por retención indebida de aportes

El expediente se inició en diciembre a partir de denuncias de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señaló incumplimientos por $19.000 millones vinculados a retenciones y falta de pago de IVA, Ganancias y aportes previsionales en distintos períodos de 2024 y 2025. La investigación quedó a cargo del fiscal Claudio Navas Rial.

Para los investigadores, el punto central no pasa por el destino de los fondos sino por una verificación concreta: si la AFA contaba con liquidez cuando debía pagar y, pese a eso, no cumplió con las obligaciones.

Imputados, querella y pedido de sobreseimiento

En la causa quedaron imputados Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes, entre ellos el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo, bajo la figura de retención indebida de aportes. Amarante ordenó medidas de prueba y aceptó a ARCA como querellante.

Tapia pidió el sobreseimiento. La defensa, a cargo de Norberto Frontini y Lucio Simonetti, sostuvo que resoluciones administrativas suspendieron ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro y argumentó que, si no se podía ejecutar, tampoco se podía exigir. El fiscal solicitó una medida previa y consultó a ARCA si esas resoluciones alcanzaban también a los vencimientos. La respuesta del organismo, según fuentes judiciales, fue que los vencimientos no quedaron suspendidos. Con ese intercambio, el fiscal quedó en condiciones de dictaminar; luego intervendrá ARCA como querellante y, finalmente, resolverá el juez.

"Detallar todos los movimientos": otro pedido, otro juzgado

El requerimiento a Credicoop no se agotó en este expediente. También lo formuló el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, que investiga movimientos de la AFA en el exterior vinculados a un contrato con TourProdEnter LLC. El magistrado pidió que se informen todas las cuentas a nombre de la AFA desde 2021, con titulares, apoderados, fechas, CBU y el pedido expreso de "detallar todos los movimientos".

Ese expediente se suma a un escenario más amplio: la pesquisa por aportes es uno de varios frentes que avanzan en paralelo sobre la estructura financiera de la entidad.

Tres frentes judiciales y una auditoría administrativa

Además de la causa penal económica por retención indebida, otro expediente investiga el origen de fondos utilizados para la compra de una mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, y un patrimonio asociado de alto valor. Según el material incorporado, la propiedad fue valuada por peritos oficiales en USD 20.815.100, una cifra muy superior a la declarada en la operación. Durante allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y documentación vinculada a hangares y helipuertos. El trámite quedó trabado por un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Zárate-Campana y el fuero Penal Económico porteño, a la espera de una definición de la Cámara Federal de San Martín.

El tercer frente surge de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta y manejo irregular de contratos. El planteo apuntó a acuerdos redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter y se apoyó en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde EEUU. Una audiencia fijada para el 10 de febrero debía definir si el expediente quedaba en la justicia ordinaria o pasaba al fuero federal.

En paralelo, el Gobierno avanzó con una auditoría a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que ordenó ampliar la información contable y contractual de la AFA. El foco quedó puesto en la cuenta "Empresas de Sponsorización por Contratos", con un saldo de $13.771.843.701,16, dominado por operaciones con TourProdEnter LLC. La IGJ exigió conocer cláusulas vigentes, cronogramas de liquidación, plazos de cobro y contratos de respaldo, además de un informe completo de flujos de divisas entre 2021 y 2025.

Otro eje central fue la relación con Sur Finanzas Group SA, sobre la que el organismo pidió reconstruir la trazabilidad de ingresos y egresos. La auditoría también abarcó créditos por partidos de la Selección, deudas con organismos internacionales, gastos de organización, mantenimiento y las inversiones en el predio de Ezeiza.

¿Y ahora?

Del conjunto de las medidas se deduce un mismo objetivo probatorio: reconstruir la caja de la AFA -cuentas, depósitos y plazos fijos- para establecer si, en los períodos bajo análisis, la entidad tuvo recursos suficientes y aun así incumplió. Con el pedido de sobreseimiento en trámite y varias pesquisas en curso, el expediente vuelve una y otra vez al mismo punto: qué mostrará el detalle fino de los movimientos bancarios cuando el juez quede en condiciones de resolver.