El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Ariel Pablo Toviggino, recusó al juez en lo Penal Económico Diego Amarante para que lo aparten de la causa en la que lo procesó junto al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y otros dirigentes, por el pago fuera de plazo de una deuda millonaria con el fisco.

En su presentación, Toviggino acusó al magistrado de mantener una "enemistad manifiesta" y sostuvo que existe un "complot administrativo, mediático y judicial" en su contra. El escrito lo firmó junto a su abogado, Marcelo Rocchetti.

El juez Amarante ya rechazó la recusación y elevó el planteo a la Cámara en lo Penal Económico, que ahora deberá resolver si mantiene al magistrado al frente del expediente.

El procesamiento por $19.300 millones y la medida restrictiva

Amarante procesó a Toviggino, Tapia, al gerente general Gustavo Lorenzo, y al ex y al actual secretario general de la AFA, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, respectivamente, por haber abonado fuera de término $19.300 millones correspondientes a impuestos y aportes previsionales.

"Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios", sostuvo el juez al fundamentar su decisión, al considerar que el retraso permitió obtener beneficios financieros por el incumplimiento.

Además, el magistrado dictó un embargo de $350 millones para Tapia y Toviggino, y ratificó la prohibición de salida del país para ambos.

Los tres ejes del planteo de Toviggino

En su escrito, el tesorero de la AFA argumentó que el juez demostró hostilidad en tres decisiones puntuales. La primera se vinculó con su indagatoria, cuando solicitó salir del edificio judicial por una puerta alternativa para evitar el contacto con la prensa, algo que el magistrado rechazó.

"Claramente el objetivo era una maniobra más del plan preconcebido de deslegitimación, hostigamiento y persecución personal", afirmó Toviggino, quien definió la escena como "la foto del reo en Tribunales".

El segundo punto cuestionado fue que Amarante mantuvo la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, pero la levantó para los otros tres dirigentes procesados. "Esa voluntad de discriminarme es prueba irrefutable de la enemistad", sostuvo.

Como tercer eje, la defensa objetó el rechazo de medidas de prueba solicitadas tanto por la defensa como por la Fiscalía, lo que consideró una afectación al derecho de defensa y al debido proceso.

La estrategia paralela: reparación integral para cerrar la causa

Mientras se discute la recusación, Tapia y Toviggino también impulsan un expediente paralelo dentro de la causa: un incidente de "reparación integral", una herramienta incorporada al Código Penal en 2015 que permite extinguir la acción penal en etapas tempranas si el acusado compensa el daño ocasionado.

La estrategia, según fuentes judiciales, la impulsó el abogado de Toviggino y luego se sumaron Tapia y la propia AFA, que también figura procesada como persona jurídica.

Los dirigentes sostienen que el pago de la deuda y sus intereses ya habría reparado el perjuicio. El planteo busca apoyarse en la nueva normativa de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, que elevó los montos mínimos para configurar delitos tributarios y restringió la reparación integral para un grupo específico de figuras penales.

La defensa sostiene que en esa lista no figuran los delitos por los que se los acusa: apropiación indebida de recursos de la seguridad social y apropiación indebida de tributos.

Qué puede pasar ahora en la causa

En el fuero Penal Económico existe discusión sobre el alcance de la reparación integral en delitos tributarios. Distintas fuentes señalan que la jurisprudencia suele limitar su aplicación en este tipo de causas y que la extinción de la acción penal suele tramitar por vías específicas previstas en el régimen penal tributario.

En paralelo, la Cámara también debe resolver las apelaciones contra los procesamientos. Si confirma las decisiones del juez, los dirigentes quedarán en condiciones de avanzar hacia un juicio oral, mientras la Fiscalía ya pidió agravar la acusación.