El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques designó al contador Rubén Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco como veedores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

Tendrán 180 días hábiles para revisar libros contables, estados financieros y contratos con empresas privadas.

La medida no implica intervención ni desplazamiento de autoridades. Se trata de un mecanismo de control reforzado que habilita el acceso a documentación clave, pero deja intacta la conducción de la entidad.

La Inspección General de Justicia (IGJ) impulsó la veeduría tras detectar demoras en la presentación de balances, información insuficiente en los estados financieros y ausencia de respaldo documental. 

El foco de la auditoría recae especialmente en los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, en la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y en las relaciones comerciales con firmas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas.

El trasfondo económico es central. Tras la obtención del Mundial de Qatar, la AFA multiplicó sus ingresos por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos. La IGJ busca determinar si ese crecimiento estuvo acompañado de mecanismos adecuados de rendición de cuentas.

A la disputa contable se suma un conflicto de jurisdicción. La AFA sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que derivaría el control hacia la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. 

La IGJ rechaza ese argumento y mantiene que la sede real de la entidad continúa en la Ciudad de Buenos Aires. 

Si el informe final confirma irregularidades, la IGJ podrá aplicar sanciones administrativas o impulsar una intervención más profunda. Si no las detecta, la AFA saldrá fortalecida institucionalmente.