El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue aceptado este jueves como querellante en la causa que investiga a dirigentes de la Coalición Cívica por presuntas maniobras de extorsión mediante denuncias judiciales, según resolvió el juez de Garantías Walter Saettone.

La decisión se produjo luego de que Tapia ratificara su denuncia penal contra el legislador porteño Facundo Del Gaiso, el asesor Matías Yofe y el empresario Leandro Camani, en un expediente que se desprende del escándalo por la supuesta mansión de Pilar valuada en USD 17 millones, cuya compra fue atribuida -sin pruebas- a autoridades del fútbol argentino mediante testaferros.

Con esta resolución, Tapia dejó de ser solo denunciante y pasó a tener el rol formal de acusador particular, lo que le permite -junto a su abogado Gregorio Dalbón- acceder al expediente, pedir medidas de prueba y participar activamente en la investigación.

El fallo del juez y el rol de damnificado

El juez Saettone consideró que existen elementos suficientes para reconocer a Tapia como damnificado, habilitándolo así a intervenir de manera directa en el proceso penal.

La causa está a cargo del fiscal Germán Camafreita y se tramita en un expediente donde ya se investigaban denuncias previas por presuntas extorsiones, en las que el nombre de Yofe había aparecido en reiteradas oportunidades.

Según la resolución judicial, la aceptación de Tapia como querellante no prejuzga sobre el fondo del asunto, pero valida su planteo inicial de haber sido blanco de una operación judicial y mediática coordinada.

El origen del conflicto: fotomultas y CEAMSE

Además de presidir la AFA, Tapia es titular del CEAMSE, el organismo encargado de la gestión de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. De acuerdo con su declaración ante la Justicia, el conflicto se originó por la instalación irregular de cámaras de control vehicular sobre el Camino del Buen Ayre, una traza administrada por esa entidad.

Según explicó en una audiencia virtual, su gestión detectó que los dispositivos de fotomultas no contaban con licitación ni autorización legal, por lo que ordenó interrumpir el suministro eléctrico que permitía su funcionamiento.

Esa decisión, afirmó Tapia, habría desencadenado una reacción inmediata de los empresarios involucrados en el negocio de las infracciones de tránsito.

Las presuntas amenazas y la ofensiva judicial

El principal apuntado por Tapia es Leandro Camani, titular de la empresa Secutrans, dedicada a la provisión, instalación y explotación comercial de sistemas de fotomultas.

Según el testimonio incorporado a la causa, Camani habría exigido -a través de intermediarios- que se restableciera la energía eléctrica a las cámaras. Ante la negativa, Tapia sostuvo que comenzaron las amenazas veladas: la advertencia habría sido que, de no ceder, se activarían denuncias judiciales en su contra.

Toda esa secuencia, según reconstruyó el presidente de la AFA, se habría desarrollado entre agosto y septiembre del año pasado, meses antes de que estallara públicamente el escándalo por la propiedad de Pilar.

Denuncias cruzadas y rol político

En la acusación, Tapia señaló que Yofe y Del Gaiso habrían actuado como ejecutores de esa estrategia, presentando denuncias penales y amplificando acusaciones en redes sociales y medios, en simultáneo con la disputa por el control del negocio de las fotomultas.

Desde la querella sostienen que las denuncias no fueron aisladas ni espontáneas, sino parte de una maniobra coordinada para presionar al titular del CEAMSE y revertir decisiones administrativas que afectaban intereses económicos concretos.

La defensa de Camani y otros antecedentes

La versión del empresario Camani es diametralmente opuesta. En un escrito presentado ante el juez Saettone, negó cualquier vínculo con Tapia y sostuvo que nunca mantuvo relación personal, institucional ni económica con el titular de la AFA, ni directa ni indirectamente.

Sin embargo, Camani ya había sido mencionado en el expediente como financista del denunciante en la causa por la mansión de Pilar. Además, su nombre aparece vinculado a otra investigación sensible: la que involucra al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio.

En ese contexto, un ex chofer de D'Onofrio denunció que Matías Yofe lo habría amenazado para forzarlo a declarar contra su exjefe en la causa por fraude con fotomultas que se tramita en la Justicia Federal de Zárate-Campana.