La causa por presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar en discusión. El fiscal general ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, apeló la decisión que trasladó el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y solicitó que la investigación regrese al juzgado en lo Penal Económico de Marcelo Aguinsky, donde se había puesto el foco en una posible maniobra vinculada a fondos de la AFA.

Además, solicitó que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que defina la competencia. A su criterio, la resolución que sacó el expediente del fuero penal económico fue adoptada por un tribunal que no debía intervenir.

Un expediente que volvió a moverse

La causa quedó atrapada en una pulseada entre dos juzgados. Aguinsky, desde el fuero especializado en delitos económicos, y González Charvay, desde Campana, se atribuyeron la investigación con argumentos distintos. Hace dos semanas, la Cámara Federal de San Martín resolvió el conflicto y dispuso que el expediente quedara en Campana, a partir del voto del camarista Alberto Lugones.

Ese fallo se apoyó en un planteo presentado por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, dueños formales de la propiedad. Argumentaron que, al estar la vivienda ubicada en Pilar, debía intervenir el juzgado federal con jurisdicción territorial en esa zona. González Charvay aceptó ese criterio y reclamó la causa.

Aguinsky se negó a apartarse. En su respuesta sostuvo que una investigación por lavado de dinero no se agota en la ubicación del inmueble. Señaló que el eje debía estar en el origen de los fondos y dejó asentado que, según las pruebas reunidas, la hipótesis central apuntaba a recursos vinculados a la AFA, cuya sede histórica se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de su jurisdicción.

El reclamo del fiscal

Para Cearras, la discusión no quedó cerrada con el fallo de la Cámara de San Martín. En su dictamen, objetó el modo en que se resolvió el conflicto y puso el acento en el recorrido institucional del expediente. Sostuvo que la definición no debía quedar en manos de ese tribunal, sino de la Cámara en lo Penal Económico, alzada natural del juez que tenía la causa cuando se planteó la disputa.

También cuestionó el criterio territorial utilizado para justificar el pase a Campana. Indicó que, en investigaciones por lavado de dinero, la competencia no se define únicamente por el lugar donde se encuentra el bien, sino por el entramado de hechos que rodean la maniobra investigada.

En ese contexto, recordó que durante enero el fiscal que lo reemplazó solicitó acceder a la causa completa para poder pronunciarse sobre la competencia, pedido que no fue concedido. Remarcó, además, que los fiscales de primera instancia Claudio Navas Rial y Sebastián Bringas coincidieron en que el expediente debía continuar en el fuero penal económico.

La apelación quedó ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá decidir si concede el recurso y lo eleva a Casación. En caso de rechazo, al fiscal general le quedará la opción de recurrir directamente a ese tribunal.

Las pruebas que empujaron la causa

Cuando tuvo el expediente, Aguinsky sostuvo que la mansión podía haber sido adquirida con fondos de la AFA. Entre las evidencias, señaló que Pantano contaba con una tarjeta corporativa de la entidad. Desde allí se pagaban los telepases de los 54 vehículos de lujo secuestrados en la propiedad, con gastos mensuales cercanos a $50 millones. Varios de esos autos tenían cédulas azules a nombre de familiares de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Tras el cambio de juzgado, González Charvay ordenó nuevas medidas. Dispuso 30 pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas y tres pericias sobre datos ya incorporados al expediente. Una de ellas se realizó en el aeropuerto de San Fernando, para relevar información sobre vuelos en helicóptero con destino a la propiedad.

En paralelo, la investigación avanzó sobre la colección de vehículos registrada a nombre de Real Central, la sociedad que figura como propietaria del predio. Una ejecutiva del Banco Coinag declaró ante Aguinsky que era "imposible" que desde la cuenta de esa sociedad se hubiera pagado un Porsche valuado en casi $500 millones, lo que derivó en la citación de uno de los contadores que avaló la operación.

Otra línea de análisis se centró en los seguros: el juez constató que las pólizas de toda la flota -autos deportivos, motos de altísima gama, kartings y camionetas 4x4- se abonaban en efectivo, por ventanilla, mediante un código QR de una aseguradora cordobesa.

La Justicia sostiene la sospecha de que esos bienes no pertenecen en los hechos a Pantano ni a su madre, quien durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esa hipótesis se reforzó cuando el juez verificó que los gastos de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, exdirigente de la entidad.