Los clubes de Primera División resolvieron solicitar la paralización del fútbol argentino entre el 5 y el 8 de marzo, fechas en las que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declaración indagatoria en la causa impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La decisión se adoptó en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde los dirigentes analizaron el impacto institucional del expediente judicial y acordaron pedir la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura. La medida deberá ser tratada formalmente por las autoridades de la AFA para su instrumentación.

La resolución de los clubes

El planteo surgió de manera unánime entre los representantes de la máxima categoría, que luego iniciaron contactos con el ascenso y las demás divisiones para extender la adhesión a todo el sistema. La coincidencia entre el calendario deportivo y las citaciones judiciales fue el elemento que precipitó la iniciativa.

Durante el encuentro, el director general de la AFA, Gustavo Lorenzo, expuso documentación que -según explicó- indicaba que la entidad no registraba deudas exigibles ni declaraciones juradas pendientes. Ese argumento fue exhibido por la conducción de AFA como respaldo de su postura, mientras que los clubes avanzaron con la medida en el plano político, al margen de la discusión técnica sobre la existencia de la deuda.

A la salida de la reunión, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, expresó la postura que predominó entre los dirigentes: "Veremos cuál es el camino a seguir, creo que hay una persecución. Esto lo planteamos porque pasa a ser un tema de Estado".

Consultado sobre la posibilidad de detener la competencia, agregó: "No se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar".

El comunicado de la AFA

Tras el encuentro, la AFA difundió un comunicado en el que sostuvo que "no tiene deuda alguna exigible" en relación con las obligaciones fiscales mencionadas en la denuncia. La entidad afirmó que los pagos fueron realizados antes de sus vencimientos y señaló que esa discusión se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara de Apelaciones.

El texto también cuestionó la interpretación del organismo recaudador al considerar que se intenta transformar obligaciones que, según su postura, no estaban vencidas, en sustento de un delito penal tributario.

La causa que derivó en las indagatorias

El proceso judicial se inició el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA que detectó presuntas irregularidades en la retención y el depósito de aportes a la seguridad social e impuestos durante distintos períodos de 2024 y 2025.

La denuncia de ARCA estimó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 por retenciones vinculadas al IVA, el Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los hechos fueron encuadrados en el Régimen Penal Tributario y dieron lugar a la citación de autoridades de la asociación.

El juez interviniente rechazó planteos de nulidad presentados por la defensa y fijó el cronograma de indagatorias: Tapia deberá presentarse el 5 de marzo de 2026 y Toviggino lo hará al día siguiente, junto con otros dirigentes citados en el expediente.

La superposición de esas fechas con la programación del campeonato motivó la reacción de los clubes, que ahora aguardan la resolución administrativa que definirá si la suspensión solicitada se traduce en la interrupción efectiva de la competencia.