El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió este viernes que se amplíe el alcance de los procesamientos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes de la entidad, en una causa por presunta apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social.

Según fuentes judiciales, el dictamen presentado ante el tribunal de apelaciones solicita que se ratifiquen los procesamientos ya dictados, pero que incorpore un tramo de la acusación que el juez había dejado fuera: la supuesta retención indebida de aportes vinculados a ingresos por patrocinio oficial con fines publicitarios, que en el período investigado sumaría $6.679.796.471.

De prosperar el pedido fiscal, el monto total atribuido a la maniobra aumentaría de forma considerable y podría derivar en un aumento de los embargos sobre los imputados.

La causa: procesamientos por $19.300 millones y un tramo que quedó afuera

Tapia, Toviggino, el gerente general de la AFA Gustavo Lorenzo, el secretario general Cristian Malaspina y el ex secretario general Víctor Blanco fueron procesados a fines de marzo por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.

El magistrado los acusó por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social, al considerar que la AFA no ingresó en tiempo y forma $19.300 millones correspondientes a IVA, Ganancias y aportes previsionales.

En su resolución, Amarante sostuvo que los dirigentes: "Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento".

Además, remarcó que la entidad contaba con los fondos necesarios para pagar.

El punto clave: publicidad y el "subconcepto 551"

La discusión ahora se concentra en si la AFA estaba obligada a ingresar, dentro del régimen previsional, un aporte vinculado al patrocinio y la publicidad de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional.

Ese tramo de la imputación fue excluido por el juez, que consideró que se trataba de un supuesto de "autorretención" y que incluirlo dentro del tipo penal implicaría una interpretación analógica en perjuicio de los imputados.

Sin embargo, tanto la fiscalía como el organismo recaudador sostienen que esos fondos deben ser considerados parte del circuito obligatorio de aportes y que dejarlos afuera desnaturaliza el régimen.

En su dictamen, Pérez Barberá sostuvo: "Excluir esos importes del ámbito de aplicación del tipo penal implica, en los hechos, desnaturalizar la finalidad del régimen, en tanto deja sin tutela penal una parte sustancial de los recursos cuya recaudación se procura garantizar".

El fiscal remarcó que ese rubro representa el 77% del total de recrusos de seguridad social no ingresados.

Qué puede pasar ahora: embargos más altos y posible avance hacia juicio oral

El tribunal está integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes deberán resolver si confirman o revocan los procesamientos.

Si la Cámara en lo Penal Económico acepta el planteo del fiscal, el delito no cambiaría, pero sí el monto atribuido a la maniobra, lo que podría derivar en un incremento de los embargos ya dictados.

Actualmente, Tapia y Toviggino tienen embargos por $350 millones cada uno, además de una prohibición de salida del país.

Las defensas tienen plazo hasta el 5 de mayo para presentar sus escritos. Después de eso, la Cámara quedará en condiciones de resolver. Si confirma las medidas, la causa quedaría encaminada hacia el juicio oral.

Otra causa en paralelo: lavado de activos y disputa por jurisdicción

Mientras avanza este expediente en el fuero Penal Económico, Tapia y Toviggino también aparecen mencionados en otra investigación judicial iniciada en Santiago del Estero, donde el fiscal federal Pedro Simón impulsó la acción penal por presunto lavado de activos y solicitó detenciones e indagatorias.

En esa causa, el juez federal Sebastián Argibay rechazó el pedido de detención, se declaró incompetente y dispuso el envío del expediente al Juzgado Federal de Campana, al considerar que el domicilio legal de la AFA se encuentra en Pilar, provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar a Argibay del expediente tras una recusación impulsada por el fiscal, quien argumentó que la hija del juez le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024.

La definición sobre qué juez seguirá la causa aún no está definida, pero el expediente podría salir definitivamente de Santiago del Estero.

Con el pedido del fiscal Pérez Barberá, el futuro judicial de la conducción de la AFA entra en una etapa clave: la Cámara deberá definir si amplía el alcance del procesamiento, lo que podría elevar el volumen económico de la maniobra investigada y acelerar el avance hacia un juicio oral.