En plena transición, el Gobierno de María Eugenia Vidal autorizó un aumento del 25% en las facturas de electricidad para los usuarios de las empresas Edelap, Edea, Eden, Edes y unas 200 cooperativas encargadas de la distribución en la provincia de Buenos Aires, que regirá a partir del 1° de enero, cuando ya haya asumido Axel Kicillof. La medida se oficializó a través de la resolución 1.713 firmada el lunes, horas después de las elecciones, por el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y publicada ayer en el Boletín Oficial bonaerense. Resta ver si, una vez en el cargo, el exministro de Economía nacional sostiene o anula la decisión.

El incremento corresponde, en realidad, a la actualización tarifaria que estaba pendiente desde agosto último al ser postergada para evitar más noticias impopulares durante la campaña electoral. En el Ejecutivo provincial adujeron que no se avaló un alza sino que hubo un compromiso de parte de las empresas y del gobierno de no aumentar los precios hasta fin de año. "La firma de la resolución tuvo que ver con un recaudo contractual", aseguraron.

Pero lo cierto es que al día siguiente de su derrota electoral y en el inicio de las negociaciones por el traspaso de mando oficializó un incremento promedio del 25% en las boletas de luz para principios de año que, tras los sucesivos tarifazos, costarán alrededor de 4.500% más que al inicio de 2016. La medida será tema de conversación de la primera reunión de la transición que se realizará esta mañana entre Vidal, Kicillof y sus respectivos equipos.

Lo que aún no se sabe es si el gobernador electo, una vez que asuma, mantendrá la resolución. Durante los últimos años Kicillof criticó el ritmo de aumentos tarifarios dispuestos por los gobiernos nacional y provincial. Además, en un documento entregado recientemente al presidente electo Alberto Fernández, los equipos técnicos del PJ proponían congelar el precio de los servicios durante 100 días para hacer una revisión integral de los costos de las empresas energéticas, aunque no es una postura compartida por todos los especialistas del Frente de Todos.

El principal beneficiado por la decisión es el grupo Desa, encabezado por el empresario Rogelio Pagano, un financista que transita el mundo de las privatizadas desde la década de los noventas. En 2017, con el aval del gobierno provincial, su compañía compró Edelap, la distribuidora platense que este año dejó sin luz durante varios días la capital bonaerense. Así, completó un emporio que, además, incluye a Eden, Edes y Edea, y abastece a 5,1 millones de usuarios. Tras los tarifazos y la anexión de empresas del sector, Desa duplicó sus ganancias operativas entre 2017 y 2018, cuando alcanzó los $5.947 millones.

Este aumento no llegará a los hogares del conurbano, que son abastecidos por Edenor y Edesur. Recién a principios de octubre Vidal firmó el traspaso de estas empresas desde la jurisdicción nacional a la órbita provincial.

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