El Gobierno desbarató una asociación ilícita que operaba mediante empresas fantasma para evadir y fugar divisas del país, por medio de la subfacturación de exportaciones a Brasil, desde donde se triangulaban pagos a otros destinos.

Una investigación conjunta entre la Aduana y la DGI permitió desarticular una maniobra de subfacturación de exportaciones y fuga de divisas que involucra a contadores, escribanos, abogados, financistas, operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior. La denuncia por asociación ilícita fue realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Justicia Federal cordobesa que ordenó más de 36 all anamientos en las provincias de Córdoba, Misiones, Mendoza y Buenos Aires.

La maniobra denunciada y desarticulada con la colaboración de fuerzas federales de seguridad consistía en la exportación de bienes primarios a Brasil por un valor menor al real para desde allí volvía a vender a terceros países. Por esta razón, ingresaban menos dólares a la Argentina. A su vez, se triangulaban los pagos para dirigirlos a otros destinos.

Las operaciones investigadas por la Aduana y la DGI, que encabezan Silvia Traverso y Virginia García, permitieron a la justicia desarticular una asociación ilícita que evadía y fugaba divisas a través de empresas fantasmas. Tras la denuncia la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba impulsó una serie de allanamientos que contaron con la asistencia del personal de la AFIP y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en distintas provincias. Durante los procedimientos se detuvieron a tres personas, se secuestraron vehículos, armas, más de 4 millones de pesos, divisas por 32.000 dólares, computadoras, notebooks, discos rígidos y teléfonos celulares.

La asociación ilícita denunciada estaba compuesta por contadores, escribanos, abogados, financistas operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior exportaban productos primarios subfacturados a Brasil que habían sido adquiridos sin facturas a través de empresas sin la capacidad económica para adquirirlos.

Las investigaciones arrojaron incongruencias entre los integrantes de la sociedad y las personas que realmente dirigían la firma. Estas, a su vez, poseían vinculaciones con personas físicas y jurídicas con antecedentes de mal comportamiento fiscal y aduanero.

Con toda esta información, la pesquisa continuó en las áreas investigativas de la DGA y de la DGI, y culminó con la denuncia judicial por asociación ilícita, ante la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba a cargo del Dr. Enrique Senestrari.

Los 36 allanamientos, de los que participaron 199 funcionarios de la AFIP (tanto de la DGA como de la DGI), se hicieron en simultáneo el mismo día. Fueron 15 en Córdoba, 14 en Misiones, seis en Mendoza y uno en Buenos Aires.