La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York definió que la audiencia para tratar las apelaciones por el caso YPF se llevará a cabo en la semana del 27 de octubre. El proceso gira alrededor de la sentencia emitida por la jueza Loretta Preska, quien falló en contra de Argentina estableció un pago de USD16.100 millones por no haber ofrecido comprar las acciones de los minoritarios al momento de expropiar el 51% de la petrolera en manos de Repsol.

El fallo original sostiene que el Estado argentino incumplió al no extender una oferta de adquisición al resto de los accionistas bajo los términos establecidos en el estatuto de la compañía, algo que, según indicaron los demandantes y el tribunal de primera instancia, correspondía.

Sin embargo, Argentina se argumenta que hacerlo habría significado pagar un precio por acción considerablemente más alto que el de mercado, incluso mayor que el abonado a Repsol, lo cual no solo habría sido injustificado sino también improcedente bajo la legislación local.

Cabe recordar que la ley 26.741, aprobada en 2012 con una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, autorizó al Poder Ejecutivo exclusivamente a adquirir el 51% de YPF, sin extender facultades para una oferta más amplia.

La Justicia deberá ahora analizar las apelaciones presentadas por ambas partes. Por un lado, Argentina busca revertir la condena o, en su defecto, reducir el monto de la indemnización. Por otro, el fondo Burford Capita (titular de los derechos de litigio) apeló la parte del fallo emitido por Preska que exime de responsabilidad a YPF como empresa.

La fecha exacta de la audiencia se definirá por consenso entre el tribunal y las partes, aunque ya está confirmado que será en la última semana de octubre.

El fallo definitivo será clave para determinar el rumbo de una disputa legal que puede tener consecuencias significativas tanto para las finanzas públicas argentinas como para la seguridad jurídica de futuras inversiones extranjeras.

La semana pasada, Argentina presentó formalmente los argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York para pedir la suspensión de la orden de la jueza Preska, que exige el traspaso del 51 % de las acciones de YPF . Sostuvo que complicaría el proceso de apelación que busca preservar la soberanía energética nacional y evitar un colapso en los planes de desarrollo económico basados en el gigante energético estatal.