Durante el transcurso de la pandemia, la Secretaría de Comercio Interior realizó 25.000 fiscalizaciones en todo el país en el control de precios y abastecimiento, clausuró preventivamente 530 locales e impuso multas por más de $47 millones.  

De acuerdo con el Ministerio de Productivo, también se aceleraron los plazos administrativos para la efectivización de sanciones a empresas infractoras a los Precios Máximos y a la Ley de Defensa del Consumidor. 

Las 25.000 fiscalizaciones se realizaron en todo el país mediante los cuerpos de inspectores de Comercio Interior, de AFIP, del ministerio de Medio Ambiente, y de las provincias y los municipios. Como resultado de las mismas, se labraron 6.300 actas y se clausuraron preventivamente unos 530 comercios por incumplimientos en precios y abastecimiento en todo el territorio nacional.

Ante la emergencia sanitaria, debido a la pandemia por Covid 19 en marzo de este año, la Secretaría de Comercio intensificó los controles en precios y abastecimiento en toda la cadena de comercialización, distribución y producción de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que se encuentran abarcados por los precios máximos (resolución 100/2020).

Trabajo con Provincias

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, indicó que “el trabajo coordinado con las provincias y los municipios es fundamental a la hora de garantizar la accesibilidad a los precios y lograr el abastecimiento de los productos en todo el territorio nacional”.

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores aceleró los plazos administrativos para la efectivización de más de 200 multas a empresas que en un 54% infraccionaron la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y 46% incumplieron con los Precios Máximos. Las multas van desde los $6.000 a los $2.500.000 y totalizaron un monto de $47.830.200.

Además, desde el inicio de las medidas de ASPO y DISPO, se llevaron adelante 85 expedientes de oficio a distintas empresas por incumplimientos en los plazos de entrega de distintos productos -electrodomésticos, colchones-; por no brindar información clara, precisa y veraz -contratos de adhesión en las páginas web-; o por no cumplir con el servicio -empresas de telecomunicaciones-, entre otros casos.

El Gobierno realiza estas imputaciones a partir de los reclamos de los consumidores que en lo que va de 2020 se incrementaron 173% respecto a 2019. Tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores,  se procede a la actuación de oficio y luego al proceso administrativo para aplicar las sanciones correspondientes a las empresas infractoras mediante las multas que deben abonar. 

 

 

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