El Gobierno nacional busca mantener el dólar mayorista en torno a los $1.300 hasta las elecciones legislativas de octubre. Para lograrlo, el Ministerio de Economía y el Banco Central aplican una combinación de medidas financieras: altas tasas de interés en pesos, absorción de liquidez y control estricto sobre la circulación de dinero. El objetivo es dar una señal de estabilidad a los mercados y, al mismo tiempo, evitar un salto cambiario que impacte en los precios.

Actualmente, las tasas de interés que ofrece el Tesoro alcanzan un 65% anual, un nivel que triplica la inflación proyectada para el próximo año, estimada apenas por encima del 20%. Con este mecanismo, el Gobierno busca que los ahorristas prefieran quedarse en pesos en lugar de volcarse al dólar. Sin embargo, esta estrategia encarece el crédito y frena la actividad económica, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Otro punto central del plan es el “seco de pesos” en el mercado. El Tesoro y el Banco Central vienen colocando deuda en moneda local y aumentando los encajes bancarios para retirar circulante de la plaza. Con menos pesos en la calle, se reduce la presión sobre el tipo de cambio y la inflación, que en los últimos meses se ubicó por debajo del 2% mensual.

Pese a estas medidas, los analistas advierten que el esquema tiene un alto costo: el Estado paga intereses muy elevados para refinanciar su deuda y la economía real sufre por la falta de crédito y consumo. Según un informe del Observatorio PyME, el 70% de las industrias pequeñas y medianas se encuentra estancada o en baja, en gran parte por la debilidad de la demanda.

De cara a los comicios, el Gobierno confía en que esta política cambiaria funcione como “ancla antiinflacionaria” y le permita llegar a octubre con un dólar estable y una inflación controlada. El desafío será sostener ese equilibrio después de las elecciones, cuando se deba rediseñar el esquema monetario y cambiario para evitar nuevos sobresaltos en la economía.