Una buena para los inquilinos: el gobierno prorrogó la suspensión de los desalojos y hasta el 31 de enero se aleja la amenaza de quedarse sin vivienda. Aún así, el deterioro económico ocurrido durante la cuarentena los golpeó de lleno y el 66,5% afirmó haber tenido que endeudarse en el último mes. Además, el 33% afirmó haber recibido algún tipo de hostigamiento o violencia por parte de los propietarios e inmobiliarias.

Las consecuencias de la pandemia sobre la situación económica y social fueron extraordinarias. En el segundo trimestre del año, cuando las restricciones sanitarias pegaron de lleno, se perdieron casi 4.000.000 de puestos de trabajo. Ese número se desprende de los datos oficiales del mercado de trabajo publicados por el Indec durante la semana. Además, en el primer semestre casi 4.000.000 de personas cayeron en la pobreza. En ese caso, las estimaciones corresponden a los cálculos del investigador de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Martín Rozada. También según el Indec, los salarios cayeron 4,4% real entre febrero y junio.

Los inquilinos están entre los que más sufrieron ese impacto. La amplia mayoría de aquellos que alquilan su vivienda se tuvieron que endeudar y alrededor de la mitad afirmó que en pandemia creció el porcentaje de sus ingresos destinado a pagar el alquiler. Los datos se desprenden de una encuesta realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en conjunto con el Instituto de Altos Estudios Sociales de la  Universidad de San Martín (Idaes-Unsam). La investigación se sumó a un estudio reciente de Inquilinos Agrupados.

Desde el Cels afirmaron: "La prórroga del decreto, si bien no soluciona la crisis económica y habitacional de amplios sectores sociales, al menos aleja la amenaza de un pronto desalojo. La crisis que atraviesan los hogares inquilinos para sostener sus viviendas y no atrasarse con el alquiler debe ser leída junto a otras decisiones económicas que toman las familias en este contexto precario. El 66,5% de los hogares inquilinos tuvo que endeudarse en el último mes. Esos préstamos fueron utilizados principalmente para cubrir gastos cotidianos, pagar deudas a familiares o amigos y el pago de expensas e impuestos. El 48,7% afirmó que debe destinar una mayor parte de sus ingresos para cubrir el alquiler".

Desde Idaes-Unsam agregaron: "En el AMBA el 66,6% de los hogares inquilinos tuvo menos ingresos y el 42,3% tiene deudas de alquiler. El DNU vigente no suspendió los aumentos sino que difirió su cobro, por lo que los aumentos no cobrados se vienen acumulando como deuda suplementaria, que deberá ser pagada una vez que venza el decreto".

Además destacaron que "el 43,8% piensa que deberá empeorar su calidad habitacional y tomar decisiones que implican hacinamiento o un mayor uso del transporte público, dos consecuencias que van en contra de las medidas para enfrentar la pandemia".

Finalmente, desde Inquilinos Agrupados señalaron que "un 33% de los y las encuestadas dijo haber tenido alguna situación de amenazas o maltratos de inmobiliarias o dueños". Y agregaron: "Si miramos dentro de ese 33%, el hostigamiento, la amenaza de desalojo (a pesar de estar prohibidos) y la violencia verbal y/o física están latentes". 

Hoy, para evitar una mayor incertidumbre en los hogares que alquilan, el Gobierno prorrogó, a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el congelamiento de los precios, la suspensión de los desalojos y la suba en las cuotas de los créditos hipotecarios.

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Mariano Cuparo Ortiz

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