En su afán por contener las expectativas de devaluación del mercado, el Gobierno apunta a un importante recorte de las necesidades de financiamiento del déficit fiscal primario con emisión monetaria del Banco Central en 2021. Aspira a llevarlas del 60% del total, pautado en el proyecto de presupuesto, al 40 ó 45%. Para eso, según supo este diario de fuentes oficiales, avanza en conversaciones con Instituciones Financieras Internacionales (IFI), de las que espera obtener mayor endeudamiento en dólares de mediano y largo plazo para cubrir buena parte de la ampliación de la inversión en obra pública proyectada para el año próximo.

En medio de fuertes tensiones cambiarias, se trata de una nueva señal que busca dar el Ejecutivo hacia el mercado con la intención de generar mayor credibilidad sobre su sendero gradual hacia el "ordenamiento de las cuentas públicas", sin un ajuste en shock para evitar aplastar las posibilidades de rebote de la actividad pero con "prudencia macroeconómica". Un programa que busca plasmar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, definió llevar al Congreso para convertir la "sostenibilidad fiscal como política de Estado", como planteó el viernes pasado en IDEA.

El proyecto de Presupuesto 2021 prevé un recorte del rojo primario de alrededor de 3 puntos hasta el 4,5% del PBI, alrededor de $1,7 billón. Pese a la baja, que incluye la eliminación del gasto de emergencia asociado a la pandemia (IFE, ATP), el gradualismo aceleró las expectativas de devaluación y, consecuentemente, de inflación. Fundamentalmente porque el texto plantea que el 60% del déficit ($1 billón) sea cubierto con asistencia del BCRA y el 40% con colocaciones de deuda pública. El temor entre los analistas de la city es que los pesos emitidos para financiar al Tesoro se vuelquen en masa al dólar.

Una importante fuente del Ejecutivo le confió a BAE Negocios que la intención ahora es dar vuelta la ecuación: 55/60% del déficit cubierto con deuda pública y 40/45% con financiamiento monetario, que podría reducirse de $1 billón a $700.000 millones. "Hay una posibilidad firme aunque todavía no confirmada", señaló.

La estrategia es acordar con distintas IFI líneas de financiamiento de mediano y largo plazo para solventar parte del aumento del gasto de capital, que se duplicará respecto del de 2019 al pasar de 1,1 punto del PBI a 2,2 puntos. El plan de obra pública es una de las apuestas oficiales para impulsar la reactivación en la pospandemia. La fuente del Gobierno no precisó con qué instituciones se desarrollan las conversaciones. Hasta el momento las principales entidades que financian al país en este tipo de inversiones son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento, CAF).

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