A días de que se defina la negociación de los USD66.200 millones de deuda externa entre el Gobierno y los acreedores privados, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, emitió una nueva señal de apoyo a la posición oficial. Con aval del FMI, el ministro de Economía se apresta a presentar la oferta final en torno a USD50, un número que testea el límite de aceptación de los bonistas. Pero el Ejecutivo es optimista: Alberto Fernández les dijo a los empresarios que quiere acordar.

Georgieva habló ayer en un evento organizado por The Washington Post, agradeció "el compromiso de ambas partes" y señaló: "El objetivo es reestructurar la deuda de una manera que Argentina pueda pagarla. Nadie se beneficia de un país que cae del precipicio de la deuda. El país quedaría excluido de los mercados, el crecimiento sufriría, la gente sufriría y los acreedores no recuperarían su dinero. En ocasiones, es necesario realizar una reestructuración reflexiva".

Esta declaración se suma al comunicado que publicó el organismo el lunes pasado, donde afirmó que la oferta extraoficial presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a los bonistas la semana pasada, que planteaba un valor presente neto de USD47, está dentro del marco de sustentabilidad y que “existe sólo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda estimados por el personal técnico del  FMI". En off, fuentes allegadas al organismo confirmaron que el tope es USD50 por cada lámina de USD100, siempre descontado a una tasa del 10%.

El Gobierno afina los detalles de su propuesta de canje de cara a la enmienda final que enviará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en los próximos días amparado en el paraguas que abrió el Fondo para ofrecer un poco más de plata a los tenedores dentro del esquema de sustentabilidad acordado entre Guzmán y el organismo. El mismo pone como límite necesidades brutas de financiamiento anuales equivalentes al 5% del PBI y servicios de deuda de hasta 3% del producto por año.

La oferta final aún no tiene fecha concreta de presentación aunque será antes de que venza el actual plazo para la suscripción al canje, el 12 de junio, e incluso en Economía no descartan que se envíe esta misma semana, según supo BAE Negocios.

Este miércoles el presidente Alberto Fernández, Guzmán y otros funcionarios recibieron en Olivos a un grupo de grandes empresarios integrado por el titular de la UIA, Miguel Acevedo; Javier Madanes Quintanilla, de Aluar; y Luis Pagani, de Arcor, entre otros. Si bien no hablaron en detalle de la negociación de la deuda, los ejecutivos y el mandatario manifestaron optimismo sobre su resolución y coincidieron en que es una condición para la recuperación económica en la pospandemia.

El mensaje de Fernández fue claro. "Yo soy un presidente que quiero arreglar la deuda", les dijo a sus interlocutores, según confió uno de los empresarios presentes a este diario. "Se lo veía muy seguro de que se va a resolver", confió la misma fuente. Guzmán no habló durante las dos horas de reunión, aunque lo notaron "tranquilo".

La brecha

El Palacio de Hacienda continúa las conversaciones con los tres grupos de acreedores para intentar que la enmienda llegue a la SEC con la mayor cantidad posible de adhesiones abrochadas. En esa clave, hace ya una semana el Gobierno salió en busca de los bonistas no agrupados, que representan el 60% de las tenencias, a través de sus bancos colocadores, el HSBC y el Bank of America. Con todo, es probable que la negociación siga su curso con la propuesta ya enviada a la entidad regulatoria estadounidense.

Los cerca de USD50 que ofrecerá el Ejecutivo testean el límite de aceptación de los tenedores. El grupo Ad Hoc, que lidera Blackrock e integran Fidelity y Ashmore entre otros, y el Exchange, que nuclea a bonistas del canje de 2005, son los bloques más hostiles pero cederían hasta USD53, según dejaron trascender. El Comité de Acreedores de Argentina, de Greylock, Gramercy y Fintech,  tiene sus pretensiones algo por debajo.

Como contó este diario, algunos analistas de mercado creen que clave para destrabar la negociación y cerrar la brecha de posiciones es la inclusión de un cupón PBI diseñado de tal manera que los acreedores le asignen un valor de UDS3 adicionales. A diferencia de lo que ocurrió en 2005, cuando le asignaron menos de USD1 pero luego terminó reportándoles un tendal de ganancias.

Otro endulzante que recibirán los acreedores, aunque esta vez sin que el aportante sea el país ya que se trata de un contrato entre privados, será el cobro de los seguros de default (CDS) que el lunes aprobó la Asociación Internacional de Swaps y Derivados por alrededor de USD1.300 millones luego de que terminara el plazo para cancelar los USD503 millones en intereses vencidos de los bonos Globales 21, 26 y 46. El monto final de los CDS que embolsarán se terminará de definir en una subasta que se realizará el mismo 12 de junio. Una suma en cash que, creen algunos en el mercado, podría ayudar a conceder algunas décimas más en el canje.

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