Luego de los cortocircuitos de la semana pasada, la extensión del plazo para el canje hasta el 24 de julio y el reinicio de las conversaciones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a apuntar contra el fondo BlackRock y sus aliados como los actores que dificultan un acuerdo. "Nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero ellos no hacen la suya", afirmó y reconoció que la principal traba está en los términos legales de la reestructuración de los USD66.200 millones de deuda externa.

El titular del Palacio de Hacienda habló este martes en una videoconferencia organizada por el Council of the Americas y la Americas Society, a la que asistieron inversores y analistas de mercado estadounidenses. Allí, se refirió a la crisis económica por la que transita Argentina, que fue agravada por la pandemia, detalló las medidas aplicadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico y social del coroavirus, y explicó la marcha de la negociación con los acreedores privados.

El funcionario hizo hincapié en las diferencias entre de los bonistas y planteó abiertamente que hay un sector más proclive al entendimiento, encabezado por el Comité de Acreedores de Argentina (ACC por su sigla en inglés) y los fondos Fintech, del empresario mexicano David Martínez, y Gramercy, mientras que existe otra ala más dura organizada en el grupo Ad Hoc, que encabeza Larry Fink, el CEO de BlackRock.

"A lo largo de tres rondas de negociación bajo acuerdos de confidencialidad hubo un positivo acuerdo con un número de acreedores. Ahora hay dos o tres grupos diferentes. Con el grupo ACC más otros acreedores alcanzamos un punto de mayor acercamiento entre ambas partes. Pero con otros fue más duro, como con el grupo Ad Hoc. Sentimos que mientras que nosotros hacíamos nuestra parte, la otra parte no estaba haciendo la suya. Pero igualmente continuamos abiertos a la discusión y estamos esperanzados en que vamos a poder alcanzar un mejor entendimiento. Eso es lo mejor para todos”, aseguró Guzmán.

El ministro admitió, como contó BAE Negocios, que el principal factor de demora para alcanzar un acuerdo desde el punto de vista del Gobierno son "los términos legales sugeridos por el grupo Ad Hoc". Es que BlackRock y sus aliados pretenden que las cláusulas presentes en los prospectos de los bonos surgidos del canje 2005, que brindan mayor facilidad de litigio a los bonistas, se extiendan a todos los nuevos títulos que se emitirán en la actual reestructuración.

Originalmente el Ejecutivo había propuesto que todos los nuevos bonos recibieran el marco legal de los títulos emitidos a partir de 2016, que incluyen las llamadas cláusulas antibuitres, pero luego aceptó que los tenedores de los títulos 2005 y 2010 (los Discount y Par) conserven sus beneficios. 

Los términos legales propuestos por Ad Hoc son imposibles de cumplir. Implican que los procesos que se hicieron en los últimos años sean deshechos. No es algo a lo que la argentina pueda comprometerse. Las actuales Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) están aprobadas por el G20 y el FMI", dijo y planteó que Argentina sólo va a comprometerse "con los términos contractuales que reciban el aval del G20, del FMI y de la comunidad internacional".

Las CAC son cláusulas legales que permiten reestructurar las condiciones contractuales de los bonos si se consigue la adhesión de un porcentaje determinado de los tenedores. En el caso de los Discount y los Par se requiere el aval de entre el 75% y el 85%, mientras que en los Globales emitidos después de 2016 se precisa entre el 50% y el 66%.

La negociación con los bonistas tuvo un importante acercamiento en las últimas semanas, pero el miércoles pasado entró en una fase de estancamiento. Cayeron los acuerdos de confidencialidad y el grupo Ad Hoc amenazó con litigar. El viernes, cuando vencía el plazo de negociación, el Gobierno decidió extenderlo por más de un mes hasta el 24 de julio e iniciar una nueva ronda de conversaciones.

La última versión de la oferta oficial elevó el valor de recupero a USD51/52 (descontado a una tasa del 10%) desde los USD40 iniciales. En tanto que la contrapropuesta del ACC rondó los USD54 y la de los grupos Ad Hoc y Exchage se ubicó entre USD57 y UDS60. Una brecha aún considerable.

Además de los términos legales, los otros dos aspectos claves a negociar son la forma de pago de los intereses devengados -el grupo Ad Hoc reclama que sea la mitad en efectivo al momento del canje y el Gobierno ofrece pagar todo con un nuevo bono- y el formato del endulzante -si atado al PBI y con supervisión del FMI, como pide BlackRock, o ligado a las exportaciones, como propone el Ejecutivo-.

En su exposición, Guzmán reiteró que el Gobierno buscará acordar un nuevo programa con el Fondo una vez que finalice la reestructuración de la deuda con los tenedores privados. Y afirmó que ese nuevo convenio "tendrá que estar basado en premisas diferentes al acuerdo stand by previo".

"Esto no va a llegar días o semanas, va a llevar tiempo porque tiene que tener legitimidad para ser aceptado por la sociedad argentina en su conjunto para que el país se ponga de nuevo de pie", concluyó.

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