Las tensiones políticas se dispararon en el Congreso y el Senado aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ajustará por inflación y agregará una compensación extra, además de dejar establecida una cláusula gatillo si los salarios superan a la inflación. Aunque el Gobierno sostiene la amenaza de vetarla, incluso si eso ocurriera los legisladores todavía tendrán la posibilidad de mantenerla como Ley. El impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en comparación con el esquema actual, es de entre el 0,4% y el 0,74% del PBI en 2024 y entre el 0,8% y el 1,25% del PBI, un sacudón fuerte para el fisco, a contramano del ajuste. Por eso el mercado respondió con bajas en bonos y acciones.

Las jubilaciones, de convertirse en Ley el proyecto ahora sancionado, no solo actualizarán por inflación tal como lo estableció el decreto vigente en la actualidad, sino que sumarán una compensación del 8,1% que termine de recuperar lo perdido por la inflación de 20,6% en enero (el Gobierno compensó solo el 12,4%). Además habrá cláusula gatillo si los salarios superan al IPC, lo que permitirá que los jubilados también sean participes de un potencial crecimiento de la economía.

La OPC brindó un cálculo del impacto fiscal del proyecto, en caso de que, una vez vetado por el presidente Javier Milei, el Congreso lo haga renacer con sendas votaciones de más de dos tercios de las cámaras, lo que por cierto luce probable en términos de estricto poroteo hacia dentro de las cámaras.

En 2024, el costo fiscal por encima de lo pautado por la fórmula vigente será de entre 0,4% y 0,74% del PBI. La diferencia responde a si el Gobierno pagará o no bonos de $70.000 hasta fines de diciembre. Si lo hace, el costo extra será de “solo” 0,4% del PBI. Para cobrar magnitud de la cifra, vale destacar que el superávit fiscal logrado por el Gobierno en lo que va del año es de, justamente, el 0,4% del PBI. Para 2025 la cuenta se hace algo más abultada y sigue dependiendo de la política de bonos oficial: estará entre el 0,69% y el 1,25% del PBI.

En la previa a la votación del Senado, un informe de la consultora Vectorial había alertado: “En pos de sostener el ancla fiscal, en el horizonte cercano se aproxima una alerta. Una nueva fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por la oposición ya tiene media sanción en Diputados y esta semana se aprobó el dictamen de comisión en el Senado para tratar el proyecto en el recinto”.

Y luego había agregado: “De prosperar, el aumento en los haberes sería del 8% y además obligaría al gobierno a pagar las sentencias de los juicios previsionales que tiene el ANSES junto con las deudas que mantiene con las cajas previsionales. La OPC estima que el aumento de jubilaciones tendría un costo fiscal adicional de entre 0,69% y 1,25% del PIB y la deuda por cajas previsionales se aproxima a otro 0,13% del PBI”.

La reacción del mercado no se hizo esperar. En la previa a la sesión del Senado se esperaba una aprobación y la derrota en Diputados por el presupuesto de la SIDE había funcionado de antesala. Mientras el debate prosperó en el Senado, los bonos cayeron y el riesgo país dio un salto del 2,3%, hasta los 1.560 puntos. Al mismo tiempo, el Merval cayó un 2,7%.

El economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, había señalado antes de la apertura: “En lo que resta semana, el mercado local seguirá de cerca tanto cuestiones políticas como económicas. Desde lo político, se estará atento a movimientos de la oposición luego del rechazo en Diputados del DNU que asignaba fondos reservados a la SIDE (falta aún el voto del Senado) y a si el Senado aprueba el proyecto opositor de cambio en las jubilaciones. Recordamos que el presidente Milei había dicho que vetaría proyectos que comprometieran la consolidación fiscal, por lo que es clave, si se aprueba la iniciativa, con cuantos votos es aprobada”.

Vale destacar, en ese sentido, que los votos llegaron a los dos tercios que serán necesarios para hacer renacer el proyecto después del veto.