Entre los muchos compromisos con los que se encontró el gobierno de Javier Milei, había uno muy urgente: pagar un resarcimiento de 16.099 millones de dólares por la nacionalización de YPF antes del 10 de enero. "Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía", escribieron los abogados del país en un documento en el que solicitaron la suspensión o la extensión por otros 90 días de esa obligación.

Sin embargo, la jueza Loretta Preska rechazó hoy ese pedido y confirmó que Argentina deberá pagar los 16.000 millones de dólares hasta el 10 de enero. Caso contrario, comenzarán a correr los pedidos de embargo. "Si este juicio es tan crítico, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata", aseguró Preska sobre el caso YPF, empresa que la actual administración apunta a privatizar.

Aunque este significa un importante revés para el gobierno, todavía debe esperar por una segunda respuesta. Es que Argentina hizo dos pedidos: uno a Preska, de 30 días por los avales —ya rechazado— y otro que le hizo a la Corte de Apelaciones, por 90 días, para interiorizarse más en la causa. En ese segundo caso todavía no hubo respuesta.

"Circunstancias excepcionales justifican retrasar hasta el 22 de febrero -y no el 23 de enero- el plazo para los argumentos de la apelación", escribieron los abogados del país a la jueza de primera instancia de Nueva York.

“Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por USD 16.000 millones”, se lee en el escrito. Además, los abogados argumentaron que el monto que pide Preska representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.

YPF fue nacionalizada en 2012

En la segunda solicitud, en cambio, los argumentos de los abogados del Estado local son que el gobierno necesita familiarizarse con el caso. “Argentina desea honrar sus obligaciones y buscará dialogar con acreedores”, dice el escrito. 

La jueza Preska determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos a los fondos Burford Capital, fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, que financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra la Argentina.

En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país, al determinar que hubo incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino y solo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que finalmente comprende un resarcimiento cercano a los 16.000 millones de dólares.

Para el Estado argentino, Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de  YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.